Temas que se han mencionado durante las últimas semanas y que impactan de manera importante en la vida de los ciudadanos de nuestro país son la violencia, la inseguridad y los homicidios. Las autoridades han minimizado estos problemas, especialmente cuando hay cambios, escudándose en la administración anterior, como si este contexto de violencia e inseguridad respetase los tiempos de las administraciones de gobierno.
Pareciera que el problema de inseguridad y violencia que sufre nuestro país se basa en las opiniones de las autoridades. Lo más grave de estas “opiniones” es que, a pesar de contar con información oficial optan por comunicar aquello que favorece a su administración. Sin embargo, parece existir un desprecio por la información oficial, es decir, aquella sustentada en cifras y estimaciones proporcionadas por instituciones especializadas en el tema.
Para comprender el problema de la inseguridad, debemos partir de una comunicación real, en la que los interlocutores conozcan los códigos que les permitan comprender de manera eficaz y eficiente un mensaje entre uno o más individuos. Por lo tanto, las autoridades deben afinar el proceso de comunicación para transmitir una idea clara, de modo que el mensaje sea recibido y decodificado por los ciudadanos, permitiéndoles tener, responder e intercambiar opiniones.
Con el objetivo de aclarar los conceptos, describiremos algunos términos importantes como punto de partida, desde la perspectiva estadística (INEGI*), que permite estimar diversos fenómenos de la seguridad pública. Comenzaremos por definir qué es la seguridad pública:
Función a cargo de la Federación, la Ciudad de México, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva (Art. 21 constitucional).
Por lo tanto, la ausencia de la prevención de delitos, la falta de investigación y persecución correspondería a la inseguridad pública.
Ahora bien, de acuerdo con el enfoque del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) “La seguridad ciudadana es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población y permitiendo una coexistencia segura y pacífica.”
Distribución del porcentaje de la población de 18 años y más, por entidad federativa según percepción de la inseguridad en su entidad federativa, entre marzo y abril. *
Nacional | Porcentaje | ||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
60.8 | 46.5 | 51.8 | 49.1 | 43.2 | 42.5 | 43.7 | 60.9 | 56.4 | 54.6 | 51.5 | 54.2 | 49.7 | |
Es relevante destacar que de 2018 a 2023, la percepción de inseguridad disminuyó considerablemente, pasando de 60.9 % a 49.7 %. Esta estimación se realiza mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), a través de un conjunto de preguntas aplicadas directamente a los informantes. Es importante tener presente que la percepción siempre estará relacionada con los hábitos y contextos de las personas. De esta manera, pueden estar en un contexto violento, pero sentirse seguros, lo cual no significa la ausencia de violencia.
Existen los llamados delitos de alto impacto, que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se definen como “aquellos que por el bien jurídico tutelado que dañan, la forma en que se cometen y la conmoción social que generan, además del sentimiento de inseguridad, se han señalado como de alto impacto”. Esto significa que no es lo mismo contabilizar un robo de automóvil que un secuestro, homicidio o trata de personas, aunque numéricamente representen uno.
En el caso de los homicidios, estos forman parte de las defunciones accidentales y violentas. Su clasificación se determina con base en las causas (afecciones y lesiones), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión que registra el médico certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente, o un presunto suicidio. Nótese que, en algunos casos, la o el certificante no tiene elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho. **
En 2023, el principal medio usado para cometer homicidios fue la agresión con disparo de armas de fuego, con 71.3 por ciento. Siguieron el uso de arma blanca, con 9.1 % y ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, con 6.7 por ciento.
Considerar avances en la seguridad pública basándose en la percepción de seguridad pública de los ciudadanos es impreciso, especialmente si tomamos en cuenta que la medición se realiza mediante encuestas. Si bien es cierto que son un gran complemento de los registros administrativos, no pueden ni deben sustituir la realidad. Aunque en los últimos tres años los homicidios han disminuido, siguen siendo poco más de 15 mil. Recordemos que nuestra Constitución reconoce y garantiza el derecho a la vida, desde el primer instante de su existencia, como el primero y anterior a cualquier otro derecho.
Resulta lamentable escuchar a las autoridades mencionar que ya son menos homicidios, como si se tratara de cualquier otro delito. ¡Por favor! Hablamos de vidas humanas y debería existir preocupación ante la pérdida de estas. Ninguna encuesta de seguridad puede sustituir un registro administrativo, especialmente cuando se trata de eventos vitales. Esperemos que con el cambio de autoridades también venga una nueva política pública ante la inseguridad pública y, especialmente, ante una cifra tan alta de homicidios, y que no se minimicen solo porque casi la mitad de las personas en el país se sientan seguras.
* https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/
**chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/edr/doc/defunciones_homicidio_2021_nota_tecnica.pdf
** https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=envipe2023
