La reforma al Poder Judicial en México de 2024 ha sido uno de los temas más debatidos en el panorama político y social del país, pues se ha polarizado la opinión pública. La justificación de la reforma, es que se busca que sea más eficiente, accesible y menos corrupto generando con ella opiniones encontradas entre los distintos sectores de la sociedad, incluyendo abogados, académicos, jueces, legisladores y ciudadanos.
A lo largo de la historia, en México nos hemos enfrentado a problemáticas como la corrupción, la falta de transparencia, la impunidad, la lentitud en la resolución de casos y el limitado acceso a la justicia para los sectores más vulnerables; lo que ha hecho que la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial se haya deteriorado y que la percepción de la justicia es inalcanzable para aquellos que no tienen poder político o económico.
Diversos actores políticos han señalado que la necesidad de reformar el Poder Judicial no es nueva. Sin embargo, muchos de estos esfuerzos se han visto limitados o detenidos debido a la resistencia de los propios jueces y magistrados, así como a la falta de voluntad política. En este contexto, la reforma de 2024 se presenta como un intento más audaz y estructural para transformar la forma en que opera la justicia en el país.
La reforma de 2024 incluye una serie de cambios constitucionales y legislativos cuyo objetivo es mejorar la eficiencia y transparencia del sistema judicial. Algunos de los elementos clave de la reforma son los siguientes:
- Fortalecimiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), es el órgano encargado de supervisar y disciplinar a los jueces y magistrados y a través de esta reforma, se busca dotar al CJF de mayores facultades para investigar y sancionar a aquellos jueces que incurran en actos de corrupción o que actúen de manera negligente. Además, se prevé que el CJF juegue un papel más activo en la selección y promoción de jueces, asegurando que los criterios de mérito y competencia prevalezcan sobre influencias políticas o económicas.
- Creación de tribunales especializados en diversas materias: Entre los que destacan los tribunales en materia de combate a la corrupción, derechos humanos y delitos electorales. Esta especialización busca mejorar la calidad de las resoluciones y garantizar que los jueces cuenten con un conocimiento profundo de las materias en las que se especializan.
- Reforma en la selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Este es uno de los cambios más polémicos de la reforma es la modificación en el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Tradicionalmente, los ministros son propuestos por el presidente de la República y ratificados por el Senado. La reforma propone un proceso más participativo/democrático, en el que los candidatos a ministro sean propuestos por un comité de selección integrado por representantes de diversos sectores, incluyendo la academia, el sector privado y la sociedad civil. Este cambio tiene como objetivo reducir la influencia del Poder Ejecutivo en el proceso de selección y asegurar que los ministros sean independientes.
- Limitación del fuero judicial: Este tema tiene años siendo controvertido en nuestro país y bajo el esquema actual, jueces y magistrados gozan de una protección especial que les impide ser juzgados mientras estén en funciones, salvo que se siga un proceso legislativo complicado para retirárselo. La reforma busca limitar este fuero judicial, de modo que los jueces y magistrados puedan ser procesados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones sin necesidad de que el Congreso intervenga. Esto pretende fomentar una mayor responsabilidad y transparencia en el actuar de los jueces.
- Acceso a la justicia para los grupos vulnerables: Otro de los objetivos de la reforma es mejorar el acceso a la justicia para los grupos más vulnerables de la sociedad, como las comunidades indígenas, las personas de bajos recursos, y las víctimas de violencia de género. Por ello, se propuso la creación de defensorías públicas especializadas que brinden asesoría jurídica gratuita a quienes no pueden costear los servicios de un abogado. Asimismo, se busca fortalecer las instancias que garanticen el respeto a los derechos humanos dentro del sistema judicial.
Esta reforma ha ocasionado intensos debates y marchas por parte de un sector de la sociedad, sin embargo tiene sus defensores (simpatizantes de la 4T), los cuáles argumentan que estas medidas son necesarias para tranformar un sistema judicial que ha sido ineficaz y corrupto durante décadas y señalan que sin una reforma estructural, la impunidad seguirá siendo la norma y que las medidas propuestas, aunque radicales, son fundamentales para garantizar una justicia imparcial y efectiva.
Por otro lado, los críticos de la reforma, que incluyen a miembros de la oposición, algunos académicos y ciertos sectores del propio Poder Judicial, argumentan que la reforma puede poner en riesgo la independencia judicial. Temen que el fortalecimiento del CJF y la modificación en el proceso de selección de ministros de la SCJN puedan derivar en una mayor politización del sistema judicial, ya que podrían aumentar la influencia del gobierno en turno sobre los jueces. Además, consideran que algunas de las propuestas, como la limitación del fuero judicial, podrían llevar a que los jueces actúen con miedo a ser procesados, lo que podría afectar la imparcialidad de sus decisiones.
La reforma ha sido publicada el 15 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación, por tanto es momento de pensar en la implementación de la reforma, de tal forma que exisra un delicado equilibrio entre la necesidad de hacer más eficiente el sistema y la preservación de la independencia judicial. En este sentido, es crucial que la implementación de la reforma en México incluya mecanismos claros para prevenir la captura del sistema judicial por parte de intereses políticos.
La implementación de la reforma al Poder Judicial no estará exenta de desafíos. Uno de los mayores retos será la resistencia que probablemente se encuentre dentro del propio Poder Judicial. Muchos jueces y magistrados han expresado su preocupación por los cambios propuestos, especialmente en lo que respecta a la supervisión más estricta y la limitación del fuero. Además, la creación de nuevos tribunales especializados y defensorías públicas requerirá de una inversión significativa de recursos, en un momento en que las finanzas públicas de México enfrentan tensiones.
Otro desafío será asegurar que los cambios legislativos se traduzcan en mejoras reales para la ciudadanía. Aunque la reforma promete un sistema judicial más eficiente y accesible, la experiencia de reformas anteriores sugiere que la transformación del sistema judicial no es una tarea sencilla ni rápida.
A pesar de las críticas a dicha reforma, es innegable que existe una necesidad urgente de mejorar la impartición de justicia en el país. El éxito de la reforma dependerá no solo de su diseño, sino también de su implementación y de la capacidad de equilibrar la eficiencia con la independencia judicial. Solo el tiempo dirá si esta reforma logrará sus objetivos o si se sumará a la lista de intentos fallidos por transformar el sistema judicial mexicano.
