Los temas de seguridad pública, tanto a nivel nacional como en el estado de Aguascalientes, han adquirido una relevancia significativa para autoridades y ciudadanos. A nivel nacional, el recién salido presidente dejó una asignatura pendiente, especialmente en entidades como Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua y Nuevo León, considerando los registros de denuncias de homicidios dolosos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante el mes de agosto de 2024.
En Aguascalientes, se creía que la percepción ciudadana de seguridad favorecía la labor de las autoridades, hasta que los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 revelaron un incremento significativo en la incidencia y prevalencia delictiva, tanto en hogares como en personas, además de un aumento en la percepción de inseguridad.
Es importante reconocer que nuestro conocimiento sobre la violencia en el país está limitado a lo que publican los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Además, el sesgo de los «opinólogos» y de quienes publican la información, muchas veces influenciado por la corriente partidista que apoyan, puede dramatizar o minimizar los hechos.
En las semanas recientes, desde la toma de posesión de la nueva presidenta, han ocurrido episodios de violencia en estados como Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes y, por supuesto, Culiacán, Sinaloa. Sin atribuir la culpa directamente a la presidenta, es importante señalar que el país ha vivido importantes incidentes de violencia.
De acuerdo con diversos medios de comunicación, en Jalisco se reportaron narcobloqueos, enfrentamientos armados y la colocación de mantas con mensajes amenazantes contra el gobernador Enrique Alfaro, presuntamente por parte del crimen organizado. En Culiacán, Sinaloa, a casi un mes de violencia que muchos atribuyen a una disputa entre dos facciones del crimen organizado, «los chapitos» y «los mayos», se han producido daños a establecimientos, asesinatos, secuestros y heridos. Estos hechos parecen haberse intensificado tras la detención de «El Mayo» Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo», el 25 de julio en Estados Unidos.
En Guanajuato, apenas unos días después de la toma de posesión de la nueva gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, se registraron 59 homicidios dolosos en los primeros tres días de octubre, según datos de las autoridades estatales y federales. Mientras tanto, en Aguascalientes, el 4 de octubre se registraron varios incidentes, como el bloqueo de la carretera 45 norte con tres tráileres incendiados y rumores de un homicidio en Jesús María, una balacera en Asientos y el hallazgo de un explosivo en la Central Camionera. Según informes, estos disturbios fueron provocados por la presunta detención de una célula criminal en Cosío.
Estos hechos han generado diversas reacciones entre la población de Aguascalientes: algunos temen que el estado siga los pasos de Guanajuato, mientras otros lo comparan con Zacatecas. También se percibe un preocupante aumento de la violencia tanto en la capital como en los municipios del estado.
A pesar de la percepción de inseguridad relativamente baja en el pasado, los datos del INEGI indican un aumento considerable en este indicador. Debemos tener en cuenta que estos problemas no se resuelven solo con declaraciones, y aunque el aumento de patrullas y equipamiento puede ayudar, no es suficiente por sí solo. Es fundamental replantear las estrategias para controlar la violencia y la inseguridad, sin caer en las exageraciones de los comentaristas, quienes a menudo, por afinidad política, tienden a comparar al estado con Guanajuato o Zacatecas.
