Vivimos tiempos paradójicos para la libertad de expresión. Por un lado, las redes sociales han permitido que cualquier persona comparta opiniones e ideas —con o sin sustento— y que estas alcancen una difusión impensable en otras épocas. Sin embargo, al mismo tiempo presenciamos una preocupante tendencia desde el poder: se premia a los medios que replican el discurso oficial y se desacredita sistemáticamente a aquellos que lo cuestionan.
Lo más alarmante, no obstante, se manifiesta en dos frentes. Por un lado, algunos representantes populares han convertido su investidura en un escudo para perseguir a ciudadanos críticos, exigiendo disculpas públicas o castigos por sentirse “agraviados”. Por otro lado, emerge una sociedad de “opinólogos”, atentos no a la verdad ni al debate razonado, sino a adoptar la postura más conveniente a sus intereses, erigiéndose como árbitros morales del discurso público. Así, la libertad de expresión se ve atrapada entre el autoritarismo institucional y la arrogancia social.
¿Pero qué es realmente la libertad de expresión y quién la protege? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, establece con claridad: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.”
En el caso de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo consagra en su artículo 6º, señalando que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo que ataque la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público.” Además, se reconoce el derecho de réplica, el derecho a la información, y el acceso a contenidos plurales y oportunos, así como la facultad de buscar, recibir y difundir ideas por cualquier medio.
El marco jurídico suena impecable. El problema comienza cuando las garantías constitucionales chocan con el ejercicio del poder, los intereses políticos o las nuevas formas de censura disfrazadas de sensibilidad social. Porque una cosa es lo que dice la ley, y otra muy distinta, lo que ocurre en la realidad.
Para muestra, varios botones. Uno de ellos es el caso del actual presidente del Senado, quien durante años se distinguió por ser un personaje contestatario, combativo y crítico del poder cuando formaba parte de la oposición. Pero una vez instalado en el poder, el discurso cambió: ahora parece que el respeto debe ser reverencial y la crítica se vuelve ofensa.
De no ser así, cualquiera puede enfrentar lo que vivió el ciudadano Carlos Velázquez de León, abogado que protagonizó un altercado con Gerardo Fernández Noroña el 20 de septiembre de 2024, en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). El incidente, ampliamente difundido en redes sociales, culminó con una disculpa pública ofrecida por el ciudadano directamente al presidente del Senado, en un acto celebrado en la sede de la Cámara Alta y transmitido a medios. El mensaje era claro: al poder no se le confronta, se le reverencia.
Otro caso igual de revelador es el del ya famoso “Dato protegido”, una sanción que fue más allá de exigir una disculpa pública. La ciudadana Karla Estrella Murrieta fue obligada a retractarse públicamente en la red social X por haber incurrido, según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en “violencia política” contra una diputada federal de la coalición gobernante. ¿La causa? Una publicación del 14 de febrero de 2024 donde escribió: “Así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa, que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas.”
La Sala Superior del TEPJF, en los expedientes acumulados SUP-REP-401/2024 y SUP-REP-415/2024, resolvió por mayoría sancionar a Murrieta. El empate en la votación fue resuelto por el voto de calidad de la magistrada Mónica Aralí Soto, ante la ausencia del magistrado De la Mata. Lo preocupante es que la sentencia priorizó la supuesta protección de la diputada —cuyo nombre fue reservado bajo la etiqueta de “dato protegido”— por encima del derecho de una ciudadana a expresar su opinión política.
Un caso particularmente revelador ocurrió recientemente con una figura emblemática del fútbol mexicano: Javier Hernández Balcázar, “Chicharito”. A pesar de ser uno de los jugadores más exitosos en la historia del balompié nacional, sus logros no lo blindaron ante la tormenta de críticas que desató por una serie de videos publicados en redes sociales, donde abordaba su visión personal sobre la llamada “nueva masculinidad”.
Lo que en principio parecía una reflexión individual —acertada o no, dependiendo del lente desde el cual se mire— fue rápidamente etiquetado como «sexista» por diversos sectores. Las reacciones no se hicieron esperar: críticas directas de la presidenta de la República, así como sanciones impuestas por la Federación Mexicana de Fútbol y por su propio club, las Chivas del Guadalajara.
Pero el problema no es si se está de acuerdo o no con sus palabras. El punto de fondo es más inquietante: una figura pública expresó su visión sobre las relaciones de género y fue objeto inmediato de un linchamiento digital, convertido en botín político y mediático. Lo grave es que incluso desde las más altas esferas del poder legislativo se sumaron a la descalificación con insultos personales.
Uno de los ejemplos más evidentes fue el del presidente del Senado, quien desde sus redes sociales le dedicó un mensaje cargado de desprecio: “Lo que tiene de buen futbolista, lo tiene de tonto… es un bruto, la verdad… pues limpia tú, cabrón, a ver si no es opresión.” Así, sin pudor alguno, un alto funcionario del Estado se permite insultar a un ciudadano por emitir una opinión sobre un tema que le intereso. Y lo más preocupante: no hay consecuencias.
¿Dónde queda entonces la defensa del respeto al otro que tanto exigen cuando son ellos los aludidos? ¿Quién protege al ciudadano cuando el linchamiento viene desde el poder?
Este patrón no es aislado. Cada vez es más común ver a autoridades —administrativas o jurisdiccionales, locales o federales— actuar no como garantes de derechos, sino como instrumentos de disuasión contra quienes ejercen su libertad de expresión. La crítica, la denuncia, la sátira o incluso la simple opinión se convierten en riesgos cuando incomodan al poder político en turno o a quienes ostentan cargos públicos.
El objetivo parece claro: inhibir voces disonantes, desactivar la pluralidad y reducir el espacio público a una zona de confort para quienes gobiernan. Todo esto se justifica bajo argumentos cada vez más recurrentes: “proteger a las víctimas”, “mantener la corrección política”, o el más moderno de todos, “erigirse como custodios morales del discurso”.
Pero mientras funcionarios públicos exigen un respeto absoluto a su investidura y reaccionan con dureza ante cualquier cuestionamiento, muchos de ellos no tienen reparo en insultar, ridiculizar o descalificar públicamente a ciudadanos. Y desde la sociedad, la paradoja no es menor: se exige tolerancia, pero se practica la lapidación digital. Se reclama respeto, pero se impone una visión única de lo que puede o no decirse.
Así, entre los excesos del poder y la hipocresía social, se va erosionando silenciosamente un derecho fundamental: el de opinar sin miedo a ser castigado. Y eso, en cualquier democracia que pretenda llamarse libre, debería ser motivo de alarma.
