Vivimos tiempos en los que las autoridades parecen más preocupadas por lo que se dice de ellas que por los problemas reales del país. Desde el nivel federal hasta el municipal, se observa un esfuerzo constante por silenciar y desacreditar las críticas, olvidando que éstas surgen precisamente de la realidad que padecemos, especialmente en materia de seguridad pública.
Durante años se nos ha pedido confiar en las instituciones y en la existencia de un Estado de Derecho que supuestamente garantiza el orden y la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo define como “un sistema en el que la actuación de todas las autoridades públicas se encuentra limitada por la ley, bajo el principio de legalidad, con respeto a los derechos humanos y con mecanismos de control jurisdiccional que garanticen su observancia”. Sin embargo, los hechos contradicen ese ideal.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project* (WJP), México ocupa el lugar 113 de 143 países en el factor que mide la aplicación justa y efectiva de las leyes. En otras palabras, la ley existe, pero no se aplica igual para todos.
A esto se suma la ENVIPE 2025**, que revela una cifra negra del 93.2 % a nivel nacional —es decir, delitos que no se denuncian— y de 92.5 % en Aguascalientes. Más grave aún: 63 % de la población no denuncia por desconfianza en las autoridades, y 35 % considera que hacerlo es una pérdida de tiempo. ¿De qué Estado de Derecho hablamos entonces, si la ciudadanía no cree en la justicia?
El reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, ocurrido el Día de Muertos, es un reflejo claro de la crisis que atraviesa el país. El alcalde había denunciado amenazas del crimen organizado y solicitado apoyo al gobierno federal, pero la protección que se le otorgó resultó insuficiente o simplemente ineficaz. Como tantas veces, la tragedia sólo generó reacciones políticas: unos lo usaron como botín discursivo, otros como bandera de oposición, pero casi nadie como llamado urgente a reconstruir la confianza en la justicia.
Lo verdaderamente preocupante es que solo cuando un funcionario se convierte en víctima, el poder reacciona. Entonces sí se promete “investigar hasta las últimas consecuencias”. Mientras tanto, miles de víctimas anónimas siguen esperando justicia. No hay cifra ni discurso que valga cuando la vida pierde su valor, ni estadística capaz de ocultar la inseguridad cotidiana que viven millones de mexicanos.
El asesinato de un servidor público debería recordarnos que el Estado de Derecho no se mide por leyes escritas ni por declaraciones solemnes, sino por su capacidad real de proteger a las personas. Detrás de cada número hay una historia truncada, una familia en silencio y una sociedad que, poco a poco, parece aprender a resignarse.
* https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025/Mexico/Regulatory%20Enforcement/
** https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025/
