Buscando ser objetivos, es innegable que el país atraviesa una etapa compleja en materia de seguridad pública en prácticamente todos sus niveles. El asesinato, a plena luz del día, del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, es solo uno de los casos más visibles de una larga lista de homicidios políticos. No fue un hecho aislado, sino el síntoma más evidente de un problema que lleva años profundizándose.
Las reacciones fueron diversas. Del gobierno federal, únicamente un pronunciamiento tibio: “un hecho lamentable” y la promesa —ya desgastada— de investigar. En Uruapan, la ciudadanía respondió con protestas, consignas e irrupciones en oficinas municipales. Y en el plano nacional, emergió un fenómeno interesante: la convocatoria de una marcha, impulsada principalmente por jóvenes de la llamada Generación Z, pero que terminó sumando personas de todas las edades indignadas por la inseguridad, la impunidad y la corrupción.
La marcha del 15 de noviembre se realizó en distintas ciudades del país, destacando la de Ciudad de México. Aunque la mayoría de estas movilizaciones transcurrieron de manera pacífica, en la capital se reportaron 120 lesionados entre civiles y policías, así como 40 detenidos por diversos delitos. Más allá de los incidentes, lo notable fue escuchar a jóvenes que reclamaban que partidos políticos y actores ajenos intentaran apropiarse de la protesta. Su mensaje fue claro: están hartos no solo del gobierno, sino también de la clase política en general, incluidos los adultos responsables de haber permitido el deterioro actual.
Resulta preocupante ver cómo, en lugar de unirnos frente a un problema común, terminamos fragmentándonos por detalles irrelevantes. La inseguridad, la impunidad y la corrupción no discriminan: todas y todos somos víctimas. Sin embargo, desviamos la atención hacia pleitos internos, disputas generacionales y acusaciones cruzadas que solo benefician a quienes buscan minimizar el reclamo ciudadano.
La reacción de las autoridades tampoco ayudó. Desde la descalificación de la marcha hasta la persecución de jóvenes que participaron en su organización, el gobierno federal mostró un rostro autoritario que recuerda prácticas del sexenio anterior: exhibir nombres, difundir datos personales y sembrar sospechas. Paralelamente, se activó la maquinaria política para desacreditar la movilización, difundir supuestos pagos o financiamientos, y soltar a voceros para atacar a quienes expresaron simpatía por la protesta.
Por supuesto, también hubo oportunistas del otro lado: personajes y partidos que aprovecharon el momento para sumar reflectores y agitar el descontento a su conveniencia. Pero ese oportunismo no borra la esencia del reclamo ni la legitimidad del hartazgo social.
La lección es evidente: México no cambiará mientras la discusión se centre en quién “se cuelga” la marcha, quién la descalifica o quién la capitaliza. El país solo avanzará cuando la ciudadanía —todas las generaciones— identifique un objetivo común: reconstruir el Estado de derecho y exigir seguridad real, sin colores partidistas ni protagonismos estériles. Mientras sigamos peleando entre nosotros, los problemas seguirán intactos… y los responsables, cómodos.
