Durante 2026 el INEGI publicará diversos proyectos estadísticos que brindarán información sobre la situación actual del país, las entidades y municipios en diversos ámbitos. En ese conjunto de publicaciones, habrá un eje particularmente sensible por sus implicaciones inmediatas: los datos sobre seguridad, justicia y gobierno, que permiten dimensionar delitos, violencias, percepciones, así como evaluar la capacidad institucional para prevenir, investigar, sancionar y responder. En otras palabras, medir con evidencia el gobierno y su actuación a lo largo y ancho del país.
Uno de los principales es el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, cuya publicación se realiza cada dos años. Este proyecto permite observar las capacidades reales de operación de los gobiernos locales. Ahí se concentra lo elemental: conocer si los municipios y demarcaciones territoriales tienen el personal suficiente y capacitado, si existen las estructuras administrativas funcionales, si disponen con los recursos materiales y presupuestales necesarios; si gestionan los servicios y programas con continuidad, y si tienen los instrumentos para planear, coordinar y rendir cuentas. Este censo es especialmente valioso porque muestra la maquinaria que debería prevenir, atender y responder.
Este censo también sirve para proponer una pregunta incómoda pero fundamental: antes de exigir resultados, ¿los gobiernos locales tienen lo mínimo para operar? Las capacidades institucionales y recursos materiales no solo son un detalle administrativo, son la base técnica para que cualquier promesa de mejora no quede solo en retórica. Saber si cuentan con equipamiento, infraestructura, sistemas de información, presupuesto y personal con condiciones adecuadas permite distinguir entre dos escenarios confundibles en el debate público: la mala gestión y la insuficiencia estructural. Este censo ayuda a verificar si los municipios y demarcaciones tienen, al menos, lo necesario para funcionar, atender a la ciudadanía y estar al día con las innovaciones tecnológicas.
En materia de seguridad hay dos instrumentos principales: la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE). La primera con cuatro cortes trimestrales funciona como un termómetro en términos de percepción de inseguridad, expectativas, experiencias y evaluación del desempeño de las autoridades para las zonas urbanas. La próxima publicación es el viernes 23 de enero de 2026, con información correspondiente al cuarto trimestre de 2025, para experiencias, y del segundo semestre de 2025 para experiencias de victimización en hogares. Tendremos los datos más recientes para entender cómo cerraron el año las ciudades y saber qué podremos esperar para el año 2026, así como evaluar los avances en materia de seguridad.
En septiembre, como cada año, llega la ENVIPE que es un mapa completo para dimensionar la victimización, la cifra negrea, con estimaciones nacionales, para los ámbitos rural y urbano, y todas las entidades federativas, además de indicadores de percepción y confianza institucional. Esta encuesta complementa a los registros administrativos mostrando lo que no se captó en las carpetas de investigación, llamadas al 911 o en estadísticas policiales. Esta edición recalibra el diagnóstico sobre la extensión de la violencia cotidiana, al acceso a la justicia y las percepciones en las autoridades de seguridad y justicia.
Finalmente, los datos de defunciones por homicidio. La primera publicación es del 21 de enero, con cifras preliminares del primer semestre de 2025 (enero-junio). En agosto se presentan el corte anual con el cierre enero-diciembre de 2025 de datos nacionales. En noviembre, tendremos las cifras definitivas con todas las desagregaciones por características de la persona, geográficas y de la defunción. Este proyecto mide el saldo final, no las percepciones ni hipótesis. Estas cifras permiten responder con evidencia a la letalidad del periodo.
En conjunto, estas publicaciones funcionan como una revisión de la realidad del país, de las entidades federativas y los municipios y demarcaciones territoriales. A lo largo de 2026 los datos irán mostrando, con distintos niveles de detalle y periodicidad, cómo se comporta la inseguridad, la victimización, la confianza institucional y las capacidades del gobierno que deben dar una respuesta pública. Para que el debate salga del impulso y considere la evidencia es importante considerar estos resultados como diagnostico y usarlos para exigir decisiones, recursos y rendición de cuentas.
