Para muchos mexicanos, el domingo 22 de febrero fue un día de incertidumbre. Desde temprano comenzaron a circular en medios y redes sociales mensajes acompañados de expresiones como “trasciende”, “informan”, “reportan”, casi siempre sin fuente institucional clara. Se hablaba de un fuerte operativo de las autoridades mexicanas, de incendios y bloqueos, de supuestos ataques en distintos puntos del país, de afectaciones en aeropuertos, retenciones de turistas e incluso de participación de fuerzas extranjeras.
Con el paso de las horas se confirmó que el operativo tenía un objetivo de alto perfil. Para algunos, el resultado representa un éxito. Sin embargo, conviene no perder perspectiva: el Cártel Jalisco Nueva Generación surgió en 2009 como reacomodo de estructuras criminales previas, y su líder se consolidó durante más de una década. Diecisiete años no son un fenómeno espontáneo; implican crecimiento, expansión territorial y fortalecimiento logístico. Eso no ocurre en el vacío.
Sería simplista reducir el análisis a una sola administración o a una sola estrategia. Lo cierto es que, a lo largo de distintos gobiernos, las políticas de seguridad han transitado por enfoques diversos —desde la confrontación frontal hasta intentos de contención social— con resultados mixtos. El fenómeno no nació ayer, pero tampoco desaparece con una sola acción.
También es razonable suponer que la presión internacional en materia de narcotráfico ha sido constante. México no enfrenta este problema en aislamiento. Aun así, más allá de lecturas geopolíticas, el hecho concreto es que el Estado actuó. Y actuar es su obligación. En cualquier ámbito profesional, cumplir con la responsabilidad asignada no es una hazaña extraordinaria; es el punto de partida.
Pero el ciudadano común vivió otra dimensión del domingo. Para muchos significó quedarse varados en carreteras, centrales de autobuses o aeropuertos debido a bloqueos y reacciones del crimen organizado. Hubo preocupación por familiares fuera de casa, cancelaciones de actividades y un sentimiento generalizado de vulnerabilidad. Cuando la confrontación ocurre, el impacto inmediato lo absorbe la población.
Fue un domingo distinto. En varias ciudades se observaron convoyes del Ejército, Guardia Nacional y policías estatales. La información oficial comenzó a fluir, aunque de manera fragmentada. Entre comunicados auténticos y mensajes apócrifos, la desinformación circuló con la misma velocidad que el miedo. En ausencia de certeza, la incertidumbre ocupa el espacio.
La noche transcurrió con la sensación de estar en pausa. En algunas entidades se anunciaron suspensiones de clases; en otras, recomendaciones de trabajo a distancia o llamados a permanecer en casa. No todos sabían si las medidas aplicaban a su colonia, a su escuela o a su municipio. El lunes amaneció con expectativa más que con tranquilidad.
Mientras tanto, voces oficialistas destacaban el logro operativo y sectores críticos guardaban cautela. En medio de ambas narrativas, quedó la ciudadanía: con menos información y más preguntas.
Abatir a un líder criminal es un golpe operativo. Reducir el miedo cotidiano es un logro social. Lo primero ocurrió el 22 de febrero; lo segundo aún está por acreditarse en la vida diaria de millones de mexicanos.
La ciudadanía no mide la seguridad por el tamaño del objetivo, sino por la tranquilidad con la que puede abrir su negocio, enviar a sus hijos a la escuela o transitar por carretera sin sobresaltos. Los comunicados registran victorias; la gente registra calma o incertidumbre.
Si la paz logra sostenerse, el operativo habrá trascendido la noticia. Si no, quedará como un episodio contundente en el papel, pero insuficiente en la experiencia cotidiana. Y al final, es ahí —en la vida común— donde verdaderamente se gana o se pierde la seguridad.
