Hace unas semanas, sin mayor aspaviento ni grandes titulares, se concretó el nombramiento de un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. La designación llegó precedida de un antecedente incómodo: la denuncia sobre una presunta filtración del examen aplicado a aspirantes durante el proceso de selección original.
La propia presidenta del CPC, Marcela López Serna, informó en su momento que integrantes del comité recibieron un correo electrónico en el que se señalaba que el examen de conocimientos había sido filtrado. Según explicó, tras revisar la situación y confrontar versiones, uno de los integrantes habría reconocido haber participado en la filtración.
El hecho, por sí mismo, resulta preocupante. Si un proceso destinado a seleccionar perfiles para el sistema anticorrupción se ve comprometido de esa manera, inevitablemente surgen preguntas. ¿Qué consecuencias tuvo esa admisión? ¿Hubo sanciones? ¿Se inició algún procedimiento formal? Hasta ahora, la información pública sobre ese punto ha sido limitada.
Ante ese escenario, el Comité de Participación Ciudadana solicitó la reposición del proceso a la Comisión de Selección —el órgano encargado de designar a los integrantes del CPC—. La convocatoria original se dejó sin efectos y se emitió una nueva, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 9 de febrero de 2026. El nuevo proceso se desarrolló entre el 9 y el 27 de febrero.
En esta segunda convocatoria se mantuvo la posibilidad de que los aspirantes se registraran nuevamente. Sin embargo, a diferencia del procedimiento inicial, ya no se aplicó el examen teórico de conocimientos; la evaluación se centró en la revisión curricular y en entrevistas cualitativas. La decisión permitió dar continuidad al proceso, aunque también abrió el debate sobre si se había reducido el peso de la evaluación técnica en la selección.
En total se registraron dieciséis aspirantes: José Luis Álvarez Sánchez, Aarón Cuéllar Casillas, Emmanuel Alejandro de la Rosa Espejo, Héctor de Lira Serna, Ricardo Israel Esparza Ramos, Luis Fernando Landeros Ortiz, Jennifer Anallely Macías Medina, Joel Miranda Cueto, Patricia Moraz Zacarías, Benjamín Orozco Gutiérrez, Armando Robledo Márquez, Sergio Rodríguez Prieto, Francisco Antonio Rojas Choza, Mauricio Romo Rábago, Irving Tafoya Dávila y Dafne Gissel Viramontes Ornelas.
Conviene recordar que el diseño del Comité de Participación Ciudadana busca precisamente incorporar voces provenientes de la sociedad civil dentro del sistema anticorrupción. Su función es vincular a la ciudadanía con las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción, además de participar en la elaboración de políticas públicas en la materia.
En ese contexto, algunos perfiles destacaron durante el proceso. Por un lado, Luis Fernando Landeros Ortiz, abogado y ex presidente del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, con una trayectoria consolidada en el ámbito electoral y en organismos públicos, particularmente en organización de elecciones, administración institucional y coordinación con distintos poderes del estado. Por otro, Sergio Rodríguez Prieto, también abogado, con experiencia principalmente en el ejercicio profesional privado y participación previa en convocatorias relacionadas con el CPC.
En términos estrictos, ninguno de los dos perfiles puede considerarse especializado directamente en temas de combate a la corrupción. La diferencia entre ambos radica más bien en el tipo de trayectoria: mientras Landeros cuenta con una carrera amplia dentro de organismos públicos y experiencia en gestión institucional, Rodríguez Prieto proviene de un perfil más vinculado al ejercicio jurídico privado.
Finalmente, el 6 de marzo se anunció la designación de Luis Fernando Landeros Ortiz como nuevo integrante del CPC, cargo que ocupará hasta el 1 de febrero de 2031.
La decisión puede interpretarse de distintas maneras. Para algunos, optar por un perfil con experiencia en organismos públicos aporta conocimiento institucional y capacidad de gestión. Para otros, el riesgo es que los órganos concebidos para fortalecer la participación ciudadana terminen ocupándose por perfiles provenientes del mismo entramado institucional que el sistema anticorrupción busca vigilar.
El problema no es la trayectoria del nuevo integrante. El problema es el contexto. Un proceso que comenzó con un examen filtrado y terminó con una reposición apresurada inevitablemente deja dudas.
El Sistema Anticorrupción se creó para que la ciudadanía vigilara al poder. Pero cuando los mecanismos ciudadanos pierden credibilidad, las instituciones suelen resolver la crisis recurriendo a perfiles institucionalmente confiables.
Tal vez sea una decisión pragmática.
Pero también deja una pregunta incómoda: si el sistema anticorrupción termina dependiendo de los mismos perfiles del aparato público, ¿quién vigila realmente a quién?
