La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023 presentada el día 11 de septiembre de 2023 mostró que, durante 2022, hubo 21.1 millones de víctimas del delito mayores de 18 años y 26.8 millones de delitos a nivel nacional. Estos datos nos dan un panorama general sobre la situación de victimización en el país. Una vez estimado el número de víctimas y de delitos, ¿qué sigue?
Pues la misma ENVIPE provee información sobre la cantidad de delitos que fueron denunciados. En 2022, fueron denunciados ante el Ministerio Público 2.9 millones de delitos, que representan 10.9 del total de delitos ocurridos estimados. En la ENVIPE también se pregunta por los motivos de la no denuncia divididas en dos grandes categorías: por causas atribuibles a la autoridad y otras causas. Esta última comprende 40.3 por ciento de los delitos no denunciados y engloba las siguientes causas: la gente señaló que no denunció porque no tenía pruebas (11.9%), por ser delitos de poca importancia (11.2), por miedo al agresor (5.7%) y otras causas (11.4). El porcentaje de delitos no denunciados por causas atribuibles a la autoridad en 2022 fue de 59.0%, 14.1 millones de delitos. Esto significa que las personas no se acercaron a los Ministerios Públicos, los encargados de investigar delitos y perseguir a los probables responsables, porque consideraron que es una pérdida de tiempo, porque no confían en la autoridad, porque los trámites son largos y difíciles, por actitud hostil de la autoridad o por miedo a que lo extorsionaran.
De estos 2.9 millones, en 2.0 millones se inició una capeta de investigación, según la ENVIPE. Esto es 69.3 por ciento de los delitos denunciados y, únicamente, 7.6% de los delitos totales estimados ocurridos. De estos, en 46.1% las personas declararon que nada pasó, 31.4% mencionó que está en trámite, 5.4% recuperó sus bienes, en 4.6% se puso al delincuente a disposición de un juez, en 2.9% de otorgó el perdón, y en 2.6 hubo reparación del daño. En casi la mitad de los delitos denunciados y que tuvieron carpeta de investigación, los delitos no obtuvieron una conclusión dentro del sistema de justicia; mientras que en un tercio, las personas siguen esperando que el sistema les responda.
Para analizar la estructura de la primera etapa del proceso de justicia, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó el día 12 de octubre, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2023. Este programa de información que recopila información de manera anual desde 2011 contiene datos sobre la gestión y desempeño de las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia estatales. De acuerdo con el CNPJE, durante 2022 fueron abiertas y/o iniciadas 2 062 680 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación a nivel nacional, que comprenden 2.1 millones de delitos. Esto es el registro oficial de las autoridades encargadas de recibir las denuncias de delitos, mismas que fueron atendidas por 13 425 fiscales y/o agentes del Ministerio Público. Cada fiscal y/o agente del Ministerio Público atiende, en promedio y por tasa, 153.6 carpetas de investigación y/o averiguaciones previas, lo que explica que 31.4% de los delitos denunciados continúen en trámite, que en 53.3% de los delitos se crea que es una pérdida de tiempo y que en 14.9 por ciento se consideren que son trámites largos y difíciles. La complementariedad entre los proyectos de información del INEGI es parte fundamental para entender el contexto del sistema de justicia, analizar sus capacidades y respuesta ante las personas.
