Desde hace varios años escuchamos la palabra “pueblo” con una frecuencia particular. La pronuncian partidos, candidatos, autoridades, gobiernos estatales y, con especial entusiasmo, el gobierno federal. Todos aseguran representarlo, defenderlo y gobernar para él. Pero ¿quién es realmente el pueblo?
La pregunta importa porque el término parece adquirir significados distintos según quién lo utilice. En el discurso político, pertenecer al pueblo puede depender de apoyar una causa, votar por determinado partido o coincidir con el gobernante en turno. Jurídicamente es un concepto incluyente; políticamente, en cambio, suele funcionar como club privado: todos caben mientras aplaudan, pero algunos pierden discretamente su membresía cuando comienzan a criticar.
La palabra “pueblo” procede del latín popŭlus. La Real Academia Española reconoce varias acepciones: ciudad o villa; población pequeña; conjunto de personas de un lugar, región o país; gente común y humilde, y país con gobierno independiente.
Esta diversidad explica parte de su utilidad política. La misma palabra puede referirse a toda la población, a una comunidad nacional o únicamente a las clases populares. Quien habla puede cambiar de significado sin necesidad de anunciarlo: empieza diciendo que gobierna para todos y termina llamando pueblo sólo a quienes están de acuerdo.
En Roma, populus estaba relacionado con el conjunto de ciudadanos que formaban la comunidad política. Sin embargo, no comprendía necesariamente a todas las personas que habitaban el territorio: mujeres, esclavos y extranjeros estaban excluidos de numerosos derechos. Desde sus orígenes, por tanto, el pueblo proclamado y la población real no siempre fueron exactamente lo mismo.
Durante siglos, el poder se justificó mediante la monarquía, la herencia o la voluntad divina. Con la Ilustración, las revoluciones estadounidense y francesa y pensadores como Locke y Rousseau se consolidó una idea diferente: el poder legítimo no procedía del rey, sino de quienes integraban la comunidad política.
El cambio fue profundo. El pueblo dejó de ser solamente gobernado y comenzó a ser reconocido como titular de la soberanía. En México, esta concepción apareció durante la insurgencia y fue recogida por la Constitución de Apatzingán de 1814, influida por el pensamiento liberal y revolucionario de su tiempo.
Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 39 de la Constitución establece:
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo”.
También señala que todo poder público dimana del pueblo, que se instituye para su beneficio y que éste conserva el derecho inalienable de alterar o modificar su forma de gobierno.
El artículo 41 introduce una precisión fundamental: el pueblo ejerce su soberanía mediante los Poderes de la Unión y los poderes de las entidades federativas, dentro del orden constitucional. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, además, debe realizarse mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.
En otras palabras, la voluntad popular no consiste en que un gobernante asegure conocerla por intuición, cercanía espiritual o iluminación mañanera. Se expresa mediante votos, instituciones, derechos, división de poderes y procedimientos constitucionales. El gobierno surge de la voluntad popular, pero no la sustituye.
Jurídicamente, el pueblo no es sólo el partido que obtuvo más votos, las personas beneficiarias de los programas sociales, quienes asisten a una concentración, los seguidores del gobernante o quienes respaldan una política determinada.
El pueblo mexicano es una comunidad política plural. Incluye a quienes votaron por el gobierno y a quienes votaron en su contra; a quienes anularon su voto, a quienes no participaron y también a quienes protestan. Una mayoría puede elegir quién gobierna, pero no puede retirar a las minorías su condición de integrantes del pueblo.
La palabra tampoco nació con la izquierda. Es mucho más antigua y forma parte del constitucionalismo liberal, la tradición republicana y la democracia representativa. Su asociación contemporánea con la izquierda proviene principalmente de los siglos XIX y XX, cuando movimientos obreros, campesinos, socialistas y revolucionarios la utilizaron para identificar a las mayorías trabajadoras frente a monarquías, oligarquías y grupos privilegiados.
Sin embargo, la derecha también ha recurrido al pueblo para oponer a los “ciudadanos de bien”, las mayorías silenciosas o los auténticos patriotas frente a migrantes, minorías, élites, intelectuales o adversarios políticos. El vocabulario cambia; la tentación de apropiarse de la representación colectiva permanece.
El politólogo Cas Mudde define el populismo como una ideología que divide moralmente a la sociedad entre “el pueblo puro” y “la élite corrupta”, y sostiene que la política debe expresar la voluntad general. Como puede combinarse con socialismo, nacionalismo, conservadurismo y otras corrientes, existen populismos tanto de izquierda como de derecha.
En términos más terracianos: el pueblo es el patrón constitucional, aunque cada seis años algún empleado llegue a Palacio y pretenda escriturarlo a su nombre. Y tener presente que los partidos y gobernante tiene el Cuando el pueblo vota por nosotros, es sabio; cuando vota por otros, está manipulado. Cuando aplaude, ejerce su soberanía; cuando protesta, sirve a intereses oscuros.
La crítica debe aplicarse a todas las fuerzas políticas. El oficialismo no puede reducir el pueblo a sus seguidores, pero la oposición tampoco puede presentarse automáticamente como portavoz de “la ciudadanía” cada vez que pierde una votación. Gobierno y oposición suelen cometer el mismo exceso: ambos afirman escuchar al pueblo, aunque sospechosamente siempre terminan escuchando aquello que ya querían decir.
El pueblo real no es homogéneo ni habla con una sola voz. Está formado por millones de personas con intereses, necesidades y opiniones diferentes. Discute, cambia de parecer, se contradice, vota por opciones distintas y puede apoyar una política del gobierno mientras rechaza otra.
Por eso, nadie debería hablar en nombre del pueblo sin aceptar también sus desacuerdos. Representarlo no significa poseerlo, clasificarlo ni decidir quién merece formar parte de él. El pueblo no desaparece cuando critica ni deja de ser soberano cuando incomoda.
A final de cuentas, todos somos pueblo, aunque para algunos políticos sólo lo seamos en temporada electoral, durante los mítines o mientras el aplauso siga durando. El resto del tiempo parecemos convertirnos, con admirable rapidez, en oposición, conservadores, provocadores o ciudadanos confundidos.
Pero ése es el detalle que suelen olvidar: el pueblo no pertenece al gobierno. Es el gobierno el que, temporalmente, le pertenece al pueblo.
Fuentes de consulta
- Diccionario de la lengua española: “pueblo”
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto actualizado por la SCJN
- INEHRM: antecedentes de la Constitución de Apatzingán
- Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”
