En México, cambiar de funcionario suele ser más rápido que esclarecer las responsabilidades de su gestión. Cuando surgen cuestionamientos sobre el ejercicio del poder, las explicaciones llegan tarde y la separación del cargo parece suficiente para cerrar una crisis, aunque las dudas sobre el manejo de los recursos públicos permanezcan sin respuesta.
El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta ese desafío en un momento especialmente delicado. Su credibilidad es fundamental para la democracia y, ante las elecciones de 2027, los señalamientos sobre su administración adquieren una relevancia que trasciende a sus funcionarios.
El 31 de marzo de 2023, Guadalupe Taddei Zavala fue designada presidenta del INE mediante insaculación, después de que la Cámara de Diputados no alcanzara los acuerdos necesarios para elegir a quien encabezaría el organismo. Su llegada estuvo acompañada de cuestionamientos por los vínculos familiares de algunos de sus parientes con figuras cercanas al gobierno federal y a Morena. Aunque esas relaciones no demostraban subordinación política, generaron dudas sobre la independencia de su gestión.
El 26 de octubre de 2026, Taddei presentó su renuncia en medio de señalamientos sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas y relaciones con proveedores. Su salida no resolvió las dudas ni eliminó posibles responsabilidades. Una renuncia pone fin a un encargo, pero no sustituye una investigación ni explica cómo se administraron los recursos públicos.
El Órgano Interno de Control informó sobre 16 investigaciones iniciadas durante 2025 y 2026, de las cuales 11 están relacionadas con contrataciones públicas, además de otras 25 derivadas de auditorías y revisiones. Los procedimientos involucran al menos a 15 servidores y exservidores públicos, ocho particulares y 18 empresas. Entre las posibles irregularidades figuran conflictos de interés, simulación de requisitos, abuso de funciones y deficiencias en la supervisión de contratos.
Estas investigaciones no constituyen sentencias ni permiten atribuir automáticamente responsabilidades penales a Taddei. Sin embargo, exigen respuestas: ¿quién autorizó las contrataciones?, ¿cómo se seleccionó a los proveedores?, ¿qué controles fallaron y qué responsabilidad tuvieron las autoridades superiores? La presunción de inocencia debe respetarse, pero no utilizarse para evitar la rendición de cuentas.
En medio de esta situación, Blanca Yassahara Cruz García asumió provisionalmente la presidencia el 27 de octubre, con el respaldo del Consejo General. Entre sus primeras medidas estuvieron la revisión de contrataciones, cambios administrativos y el anuncio de decisiones más colegiadas. Acciones pertinentes, aunque insuficientes si no producen resultados verificables.
A los cuestionamientos administrativos se sumaron las inconformidades laborales. El 9 de noviembre, trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana realizaron un paro para exigir mejores salarios y condiciones laborales. De los 841 módulos del país, 544 suspendieron actividades, equivalentes al 64.7 %, afectando los trámites de credenciales para votar.
Tras las negociaciones, se acordó tomar como base un incremento salarial del 6 %, con posibles ajustes adicionales sujetos al presupuesto de 2027. El conflicto evidenció otra contradicción: mientras se investigan contrataciones y posibles irregularidades administrativas, parte del personal que sostiene los servicios cotidianos reclama mejores condiciones. Esto obliga a revisar cómo se establecen las prioridades de gasto, sin suponer que los recursos de distintas partidas sean automáticamente intercambiables.
El problema de fondo es la confianza. El INE exige a partidos y candidatos cumplir reglas, transparentar recursos y someterse a fiscalización. Es indispensable que esos mismos principios se apliquen dentro del organismo. Su autonomía no significa ausencia de controles, ni su importancia democrática lo coloca por encima del escrutinio público.
La proximidad de las elecciones de 2027 vuelve más urgente esta responsabilidad. La nueva presidencia deberá garantizar la continuidad operativa, preservar la independencia institucional, atender las demandas laborales y esclarecer las irregularidades investigadas. No basta con sustituir funcionarios o anunciar auditorías: es necesario conocer sus resultados y determinar responsabilidades cuando corresponda.
Los problemas administrativos no demuestran irregularidades en los resultados electorales; son asuntos distintos. Sin embargo, los cuestionamientos sobre la administración pueden afectar la percepción pública de independencia y credibilidad del instituto, precisamente cuando necesita ofrecer certeza a millones de ciudadanos.
El INE no puede exigir transparencia a los partidos mientras mantiene sin esclarecer los señalamientos sobre sus propias contrataciones. Tampoco puede pretender que la renuncia de su presidenta sea suficiente para cerrar el capítulo. La rendición de cuentas requiere investigaciones concluidas, responsabilidades determinadas y medidas que impidan repetir las fallas.
En 2027, millones de mexicanos acudirán a las urnas esperando que sus votos sean respetados. La confianza en quien los cuenta no puede exigirse como un acto de fe ni sostenerse únicamente en la historia del instituto. El INE debe demostrar que cumple las reglas cuando administra recursos, contrata proveedores y responde por sus decisiones. Porque un árbitro electoral que exige legalidad a los demás tiene, antes que nadie, la obligación de rendir cuentas.