Desde la publicación de los lineamientos para el registro obligatorio de líneas telefónicas móviles en México, en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025, se estableció una obligación clara: vincular cada número telefónico con una persona identificable, mediante datos como la CURP y una identificación oficial.
A partir de su entrada en vigor, el 9 de enero de 2026, la medida ha generado múltiples reacciones. Hay quienes cuestionan su eficacia como herramienta de seguridad; otros dudan de las motivaciones detrás de su implementación; y no faltan quienes ponen sobre la mesa un tema más delicado: la capacidad real del Estado para resguardar la información que solicita.
El antecedente no es menor. México ya intentó algo similar en dos ocasiones:
- RENAUT (2009): terminó en fracaso y con filtración de datos personales.
- PANAUT (2021): fue declarado inconstitucional.
La historia no garantiza que el resultado sea el mismo, pero tampoco ayuda a generar confianza.
En esta nueva versión, los lineamientos evitan el uso de datos biométricos, mantienen la obligación de registro y trasladan la responsabilidad a los operadores de telefonía. No se trata de un padrón centralizado como en intentos anteriores, pero el objetivo de fondo permanece: identificar al usuario. Y eso, por sí mismo, no ha sido suficiente para disipar dudas sobre su efectividad o su seguridad.
A nivel internacional, la identificación de líneas móviles no es una práctica homogénea. En Europa, el registro es obligatorio al adquirir una SIM, bajo esquemas de regulación estricta y protección de datos robusta. En contraste, países como Estados Unidos o Canadá no exigen esta medida, privilegiando la privacidad y el fortalecimiento de capacidades de investigación. En América Latina, donde el registro sí es obligatorio, la evidencia ha mostrado resultados limitados en la reducción de delitos.
En México, el registro ha comenzado, pero lejos de ser masivo. Diversos reportes indican que, en las primeras etapas, más del 90% de las líneas aún no estaban plenamente registradas. Con poco más de 6 millones de líneas vinculadas frente a un universo que supera los 150 millones, el avance apenas ronda el 4%.
Aquí caben dos lecturas.
La optimista —la oficial— destaca millones de registros en pocas semanas, una tendencia creciente y un avance progresivo.
La otra, menos cómoda pero más reveladora, apunta a un ritmo insuficiente, dificultades operativas y una resistencia que no parece menor.
Porque en un país donde el manejo de bases de datos ha sido cuestionado en el pasado, implementar un registro obligatorio no es solo un reto técnico, sino de confianza institucional. La experiencia del RENAUT, sumada a episodios recurrentes de filtraciones y fraudes digitales, ha construido una percepción en la que el riesgo no es hipotético, sino tangible.
Diversos estudios muestran que una proporción importante de la población desconfía del uso que las instituciones hacen de sus datos personales. En ese contexto, la resistencia al registro no necesariamente obedece a desinformación, sino a una evaluación —bastante lógica— del riesgo.
Porque cuando la confianza es baja, incluso las políticas bien diseñadas encuentran su límite. Y aquí es donde la discusión deja de ser técnica.
No se trata solo de si el registro funciona o no. Se trata de si quienes deben resguardar la información han demostrado, en los hechos, que pueden hacerlo.
Mientras tanto, la política avanza y el registro también… aunque a un ritmo que no parece acompañar la urgencia del discurso.
Y la pregunta queda abierta, no en el papel, sino en la vida cotidiana:
¿usted ya registró su línea?, ¿piensa hacerlo? ¿o prefiere esperar a ver si esta vez sí funciona?
