El jueves 21 de mayo el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025. Es una encuesta que se levanta cada dos años y mide algo difícil de capturar con registros administrativos: la experiencia directa de la ciudadanía con la corrupción en trámites y servicios públicos. Los datos de 2025 no muestran buenas noticias.
La tasa de prevalencia de corrupción llegó a 15,642 por cada 100,000 habitantes. Esa tasa mide cuántas personas experimentaron al menos un acto de corrupción al realizar algún trámite gubernamental. El punto más alto de la serie fue 2019, con 15,732. Lo que muestra 2025 es que, después de dos mediciones a la baja (14,701 en 2021 y 13,966 en 2023), la curva volvió a subir y casi repitió el máximo histórico. No es un rebote menor. Es prácticamente regresar al peor momento registrado.
La tasa de incidencia, que no cuenta personas sino actos de corrupción, lo que permite que una misma persona aparezca más de una vez si vivió episodios en distintos trámites, llegó a 27,438 por cada 100,000 habitantes. También sube respecto a 2023, cuando era 25,394. Aquí el pico histórico fue 2015, con 30,097, y la serie no ha vuelto a ese nivel. Pero la dirección del último bienio es la misma: hacia arriba.
En 2025, la prevalencia subió respecto a 2023 en aproximadamente 1,676 puntos. La incidencia subió en 2,044. Eso significa que la incidencia crece más rápido que la prevalencia: hay más actos de corrupción por víctima. No es solo que más personas estén siendo afectadas, sino que quienes enfrentan corrupción la encuentran con mayor frecuencia. El problema no se está dispersando solo; también se está intensificando para quienes ya están expuestos.
La serie desde 2013 de la ENCIG tiene ya seis mediciones que cubren doce años. Lo que muestran en conjunto es un patrón difícil de ignorar: la corrupción cotidiana en México no tiene una tendencia descendente. Sube, baja, sube. El descenso de 2019 a 2023 fue real, pero no fue suficientemente profundo ni sostenido como para cambiar el nivel de base. En 2025 la prevalencia está 29 % por encima de 2013. En doce años, con gobiernos de distintos partidos y con reformas institucionales de distinto tipo, el indicador no ha hecho más que oscilar alrededor de un promedio que no cede. Eso es, estadísticamente, lo más incómodo de la gráfica. No el rebote de 2025 aislado, sino lo que revela cuando se lee en serie: que ninguna de las bajas anteriores fue el inicio de una transformación estructural. Fueron pausas.
Lo que la tasa sí permite es comparación en el tiempo, y esa comparación en 2025 apunta en una sola dirección. La ENCIG se publicará de nuevo en 2027. La pregunta para entonces no será si el número volvió a moverse, sino si habrá algo que explique por qué esta vez la baja, si ocurre, sería diferente a las anteriores.
