En 2025, 4,506,266 personas acudieron personalmente a realizar un trámite ante un tribunal o juzgado en México. Es el número más alto de toda la serie de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), que arranca en 2013. Y es casi el doble de lo que se registró apenas dos años antes: en 2023 fueron 2,910,389. En ese mismo año, la tasa de personas que enfrentaron corrupción al hacer ese trámite fue de 17,256 por cada 100,000 habitantes. En 2023 era 16,338.
Más gente, más trámites, más corrupción. Cuando el número de trámites sube, es esperable que suba también el número absoluto de personas que viven un acto de corrupción. Lo que no es automático es que suba la tasa, porque la tasa ya descuenta el tamaño de la población. Si la tasa sube, aunque sea ligeramente, mientras el volumen de trámites casi se duplica, lo que eso indica es que la probabilidad de enfrentar corrupción al ir a un juzgado no disminuyó con la mayor afluencia. El sistema recibió más personas y no se volvió más corrupto por eso.
En 2015, cuando los trámites presenciales estaban en su otro máximo histórico, 4,605,261, la tasa de victimización era 21,808. En 2019, con la mitad de los trámites, la tasa había bajado a 16,412. En 2021 subió de nuevo a 20,919, a pesar de que el volumen de trámites ese año era considerablemente menor que en 2015. La tasa y el volumen no se mueven juntos. Eso descarta una explicación simple: no es que haya más corrupción porque hay más gente. Algo más opera, y los datos no lo revelan directamente.
Ir a un tribunal no es lo mismo que ir a renovar una licencia. Quien acude a un juzgado suele tener algo en juego: un proceso legal, una disputa, un derecho que quiere hacer valer. El contexto de vulnerabilidad es distinto al de otros trámites, y eso tiene implicaciones sobre cómo funciona la corrupción ahí. No se paga una mordida para acelerar un papel; se paga, o se presiona para que se pague, en un momento en que la persona ya está expuesta, ya invirtió tiempo y a veces dinero en llegar hasta ese punto.
Por eso cada punto en la tasa de victimización en tribunales tiene un peso específico que no tiene en otros trámites. No es solo un costo económico, que también lo es: es una señal sobre si el acceso a la justicia depende del derecho o de otros factores. Cuando más de 17,000 de cada 100,000 personas reportan haber vivido un acto de corrupción al hacer un trámite judicial, la pregunta que queda no es sobre la encuesta sino sobre el sistema.
Entre 2021 y 2023, la tasa bajó de forma notable: de 20,919 a 16,338. Fue la caída más pronunciada de toda la serie. Lo que mostraba 2023 podría haberse leído como el inicio de una mejora sostenida. El dato de 2025 matiza esa lectura. La tasa subió a 17,256 y el volumen de trámites casi se duplicó. No es el peor momento de la serie (ese fue 2015), pero tampoco confirma que la baja anterior haya sido estructural.
La ENCIG se publica cada dos años. Lo que se sabrá en 2027 es si el rebote de 2025 fue puntual o si marcó una dirección. Por ahora, los datos dicen que acudir a un juzgado en México sigue siendo, para una proporción relevante de la población, un trámite en el que la corrupción no está descartada.
