En México y en gran parte del mundo, se ha vuelto común utilizar los niveles de popularidad o aprobación de los mandatarios como principal parámetro para evaluar su desempeño. Sin embargo, una alta aprobación no necesariamente refleja ausencia de problemas; muchas veces refleja ausencia de alternativas competitivas.
La popularidad dista de ser sinónimo de eficacia. México mantiene altos niveles de aprobación presidencial, pero también enfrenta preocupaciones persistentes en materia de inseguridad, desconfianza institucional, polarización política y tensiones económicas. Esto obliga a preguntarnos si realmente estamos evaluando resultados de gobierno o simplemente percepciones políticas.
Todo apunta a que la popularidad actual en México descansa, en buena medida, sobre cinco pilares: las transferencias sociales y la percepción de apoyo estatal; la debilidad y fragmentación de la oposición; la polarización política; la comunicación presidencial permanente; y la transformación de la política en una identidad emocional. Como consecuencia, muchos ciudadanos ya no evalúan gobiernos, sino que defienden proyectos políticos. Y ahí cambia completamente la lógica democrática.
Es importante distinguir conceptos. La popularidad tiene una base emocional y simbólica. Se relaciona con presencia mediática, carisma, narrativa política, identificación emocional y capacidad de dominar la conversación pública. Incluso puede crecer en medio de crisis, siempre y cuando el liderazgo conserve el control narrativo.
La aprobación, en cambio, está más asociada a la evaluación de desempeño. La pregunta típica es: “¿Aprueba o desaprueba el trabajo de la presidenta o del gobernador?”. Pero esa respuesta no necesariamente implica intención de voto, afinidad ideológica, aceptación moral o respaldo absoluto. Muchos ciudadanos aprueban porque perciben estabilidad, comparan con administraciones anteriores, valoran programas sociales o simplemente no encuentran una oposición competitiva. Además, metodológicamente, se trata de una pregunta amplia y ambigua, asunto que merece una discusión aparte.
Actualmente, diversas encuestas colocan la aprobación presidencial entre 68% y 71%. Pero eso no significa unanimidad política ni consenso nacional.
Diversos medios y analistas suelen vender la idea de que “alta aprobación” equivale a “país satisfecho”. Eso es metodológicamente incorrecto. Una alta aprobación puede coexistir con miedo, resignación, dependencia económica, clientelismo, agotamiento político o debilidad opositora.
México tiene un antecedente histórico muy claro: el PRI durante buena parte del siglo XX. Existían altos niveles de aceptación política, control institucional, popularidad presidencial y dominio electoral. Pero eso no necesariamente implicaba una democracia plenamente sana o una ciudadanía satisfecha.
No podemos negar que la política contemporánea funciona cada vez más como identidad y cada vez menos como evaluación racional. Antes, los ciudadanos tendían a evaluar gobiernos; hoy, muchas personas defienden identidades políticas. Por eso, un escándalo no necesariamente reduce apoyos, una mala cifra económica no modifica preferencias y, en ocasiones, una crítica externa incluso fortalece la cohesión interna. La política mexicana parece operar parcialmente bajo una lógica de “equipos”.
Tampoco debe olvidarse que las encuestas miden percepciones, estados de ánimo y momentos específicos. No miden verdades absolutas, calidad democrática, eficacia real ni sostenibilidad política futura. La aprobación no es voto; el voto no es legitimidad; y la legitimidad tampoco garantiza eficacia.
La política mexicana atraviesa un momento peculiar: nunca había sido tan fácil medir la popularidad y tan difícil entender realmente lo que significa. La alta aprobación presidencial, el dominio electoral de Morena y la aceptación social del oficialismo no necesariamente reflejan un país plenamente satisfecho, sino una mezcla compleja de identidad política, programas sociales, control narrativo, debilidad opositora y polarización. Confundir popularidad con consenso nacional sería un error analítico grave. Un gobierno puede mantener respaldo ciudadano y, al mismo tiempo, enfrentar problemas estructurales en seguridad, instituciones, justicia o economía. La democracia no se fortalece cuando un proyecto político gana muchas elecciones, sino cuando la ciudadanía conserva la capacidad crítica para distinguir entre simpatía, aceptación y verdadera evaluación del poder.
