En 2024 se registraron 5 mil 675 presuntos delitos cometidos por personas adolescentes en las puestas a disposición realizadas por instituciones estatales de seguridad pública. El dato dice mucho, pero dice más cuando se mira su composición: 40.9 % correspondió a robo y 27.5 % a narcomenudeo. Es decir, casi siete de cada diez registros se concentraron en dos tipos de delito. Después aparecen homicidio, con 4.6 %; lesiones, con 4.2 %; armas, explosivos y otros materiales destructivos, con 3.2 %; daño a la propiedad, con 2.8 %; armas y objetos prohibidos, con 2.1 %; encubrimiento, con 1.9 %; y violencia familiar, con 1.8%. El resto se distribuye en otros delitos. La cifra obliga a poner pausa antes de entrar al terreno de las soluciones fáciles. No todos los registros hablan de la misma conducta, no todos tienen la misma gravedad y no todos dicen lo mismo sobre la trayectoria de una persona adolescente frente al sistema de justicia.
Esta distinción importa porque una puesta a disposición no es una sentencia. Tampoco es, por sí misma, una medición completa de la delincuencia adolescente. Es un momento dentro de una cadena institucional más larga. Primero interviene la seguridad pública; después pueden intervenir el Ministerio Público, los mecanismos alternativos, los órganos jurisdiccionales, las autoridades de ejecución y los centros de internamiento. En cada tramo cambia la pregunta. En seguridad pública se registra una presunta conducta. En procuración de justicia se decide si hay elementos para avanzar. En impartición se resuelve responsabilidad. En ejecución se observan medidas, sanciones, internamiento, seguimiento y reintegración. Cuando todo se reduce al primer dato, el debate público pierde precisión, y al perderse, casi siempre gana la consigna.
Por eso son relevantes las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley, conocidas como EPACOL. El INEGI presentó la edición 2026 de este programa estadístico con información actualizada a 2024. Se trata de la segunda edición: la primera integró información del periodo 2017-2023 y esta nueva entrega incorpora el año 2024 a la serie histórica. Su propósito es reunir, sistematizar y organizar información sobre las personas adolescentes que ingresan al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como sobre las instituciones, autoridades y órganos que participan en este sistema. Es un producto pensado tanto para contar personas o expedientes, como una herramienta para entender etapas, capacidades institucionales, derechos y contexto.
La EPACOL 2026 ofrece información de 48 indicadores sobre esta población y sobre el sistema que la atiende. Los datos se organizan en cuatro dimensiones: proceso de justicia, recursos institucionales, derechos de la población adolescente en el sistema y contexto de la población adolescente en conflicto con la ley. La primera dimensión permite observar el tránsito institucional: desde el contacto inicial hasta las etapas posteriores del proceso. La segunda ayuda a mirar con qué capacidades opera el Estado: personal, infraestructura, órganos, centros y recursos disponibles. La tercera coloca en el centro algo que suele olvidarse cuando el debate se endurece: las personas adolescentes conservan derechos, incluso cuando son investigadas o sancionadas. La cuarta permite no separar el conflicto con la ley de las condiciones sociales que rodean a esa población.
Ese es uno de los principales aportes de la EPACOL, el dato no dato se queda encerrado en la categoría penal. El registro de un presunto delito no explica, por sí mismo, el entorno familiar, escolar, comunitario o institucional de una persona adolescente. Tampoco explica si el sistema tiene capacidad suficiente para aplicar medidas no privativas de la libertad, dar seguimiento, garantizar defensa, ofrecer atención especializada o evitar que el internamiento se convierta en la única respuesta disponible. La estadística no sustituye la política pública, pero sí puede mostrar sus puntos ciegos. Un sistema que sólo cuenta ingresos y egresos ve flujo administrativo. Un sistema que también mide derechos, capacidades y contexto empieza a ver responsabilidad pública.
El dato de 2024 sobre presuntos delitos cometidos por adolescentes en puestas a disposición estatales debe leerse precisamente desde esa lógica. Que robo y narcomenudeo concentren la mayor proporción no significa minimizar otros delitos. Si el grueso de los registros está asociado con conductas patrimoniales y delitos relacionados con drogas en pequeña escala, las preguntas de política pública no pueden limitarse a endurecer castigos. También deben mirar prevención, entornos comunitarios, economías ilegales de proximidad, captación de adolescentes, abandono escolar, acceso a oportunidades, intervención temprana y capacidades locales de atención. El dato no cancela la responsabilidad individual, pero impide fingir que el problema se resuelve sólo al final de la cadena.
La justicia para adolescentes tiene una lógica distinta a la justicia penal para personas adultas, porque el sistema reconoce una etapa específica de desarrollo y una obligación reforzada del Estado. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes materializó esta perspectiva hace una década, y la EPACOL aparece justamente en ese contexto: como una forma de observar qué ha pasado con el sistema, no sólo qué ha pasado con los adolescentes. Cuando la conversación pública se concentra únicamente en “qué hicieron”, se borra la otra mitad de la ecuación: qué hizo, qué no hizo o qué puede hacer el Estado antes, durante y después del proceso.
También hay un valor institucional en reunir información que normalmente está fragmentada. La seguridad pública, las fiscalías, los juzgados, los centros de internamiento y las autoridades de ejecución no producen información bajo la misma lógica operativa. Cada institución registra lo que necesita para cumplir su función. La EPACOL intenta ordenar en una estructura común, con conceptos comparables y una lectura integral. Otro punto que no conviene perder es que los datos también protegen contra el uso político del miedo. Cuando se habla de adolescentes y delito, la discusión suele moverse rápido hacia extremos. De un lado, la idea de que todo se explica por impunidad. Del otro, la idea de que todo se explica por condiciones sociales. La estadística pública sirve para incomodar a ambas. Muestra que existen conductas que deben atenderse y que hay víctimas que no pueden ser borradas del análisis y también muestra que el sistema debe diferenciar tipos de delito, etapas procesales, capacidades institucionales y derechos.
La cifra inicial –5 mil 675 presuntos delitos en puestas a disposición estatales durante 2024- debe servir como puerta de entrada, no como conclusión. Si sólo se usa para alimentar alarma, se desperdicia. Si se usa para ubicar patrones, diferenciar etapas y exigir capacidades institucionales, entonces cumple una función pública. La discusión sobre adolescentes en conflicto con la ley no puede descansar en intuiciones, anécdotas ni impulsos punitivos. Necesita información suficiente para distinguir entre seguridad, justicia, derechos y reintegración. Contar no resuelve; sin embargo, no contar bien, se castiga mal, se previene tarde y se gobierna a ciegas. La EPACOL aporta justamente eso: una forma de mirar el sistema antes de decidir qué hacer con quienes llegan a él.
