En 2025, el costo total a consecuencia de la corrupción en México fue de 24 mil 886 millones de pesos. La cifra proviene de estimaciones elaboradas con datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG, que publica el INEGI cada dos años. No es un dato menor: se trata del monto más alto observado entre 2019 y 2025 para este indicador. La serie permite ver con claridad el tamaño del cambio. En 2019, el costo total estimado fue de 12 mil 769 millones de pesos. En 2021 bajó a 9 mil 489 millones. Para 2023 aumentó a 15 mil 398 millones y, en 2025, llegó a 24 mil 886 millones. Visto así, el dato no sólo muestra un aumento respecto a la medición previa. También muestra que, entre 2019 y 2025, el costo prácticamente se duplicó.
Conviene leer esta cifra con cuidado. Los montos están expresados en precios corrientes, por lo que una parte del incremento responde al cambio general de precios. Aun así, la trayectoria importa. La baja de 2021 puede entenderse en un contexto en el que muchos trámites, servicios y contactos presenciales con autoridades todavía estaban afectados por la pandemia. Menos movilidad, menos interacción directa y cambios en la operación de oficinas públicas pudieron modificar la exposición de las personas a situaciones de corrupción. Pero después de ese descenso, el indicador volvió a crecer con fuerza.
Entre 2023 y 2025, el costo total aumentó en casi 9 mil 500 millones de pesos. Ese salto es relevante porque no estamos hablando de una percepción general sobre si hay más o menos corrupción. Estamos hablando de un costo reportado por las personas como consecuencia de experiencias concretas al realizar trámites, pagos, solicitudes de servicios o tener contacto con personas servidoras públicas. Es decir, la corrupción no aparece aquí como una idea abstracta, sino como una pérdida económica asociada a la vida cotidiana.
Esa es una de las principales aportaciones de la ENCIG: permite observar la corrupción desde la experiencia de las personas usuarias de servicios públicos. No desde el gran caso político, ni desde el escándalo que ocupa la conversación pública durante unos días, sino desde la ventanilla, el trámite, la gestión, el permiso, la atención o el contacto con alguna autoridad. Ahí, en esos espacios aparentemente pequeños, también se juega la relación entre ciudadanía e instituciones. El problema es que esos costos suelen fragmentarse. Una persona paga una cantidad para resolver un trámite. Otra entrega dinero para evitar una complicación. Alguien más asume un pago indebido porque considera que no tiene otra opción. Por separado, cada episodio puede parecer menor. Sumados, alcanzan miles de millones de pesos. Y cuando el total nacional se acerca a los 25 mil millones, lo que tenemos enfrente ya no puede entenderse como una suma de casos aislados.
La corrupción cotidiana tiene además un efecto desigual. Para algunas personas, el pago indebido puede ser molesto, pero absorbible. Para otras, representa dejar de usar dinero en alimentos, transporte, salud, escuela o cuidados. Por eso, el costo de la corrupción no sólo debe leerse como una pérdida económica agregada. También debe leerse como una carga injusta que se distribuye de manera desigual entre quienes tienen más y menos capacidad para pagarla. También hay otro costo menos visible: el desgaste de la confianza. Cuando una persona aprende que un trámite avanza más rápido si paga, que una gestión se complica si no coopera o que una autoridad puede convertir una obligación pública en una negociación informal, la relación con el Estado se deteriora. La institución deja de aparecer como garante de reglas y empieza a parecer un espacio donde cada interacción depende de la discrecionalidad de alguien más.
Por eso no basta con decir que la corrupción cuesta. Hay que preguntar dónde cuesta, a quién le cuesta y por qué sigue costando tanto. La respuesta no está sólo en los actos individuales, sino en los procesos que los permiten: trámites opacos, requisitos confusos, tiempos indefinidos, baja trazabilidad, poca supervisión, mecanismos de queja poco accesibles y consecuencias insuficientes. La corrupción cotidiana no ocurre en el vacío. Ocurre en sistemas que dejan margen para que una persona pueda condicionar lo que debería resolverse conforme a reglas claras.
La gráfica muestra una trayectoria sencilla, pero preocupante: después de la caída de 2021, el costo asociado a la corrupción subió en 2023 y volvió a subir con mayor fuerza en 2025. Ese comportamiento importa porque habla de dinero que las personas tuvieron que destinar a resolver interacciones que deberían funcionar sin pagos indebidos. En términos simples: la corrupción no sólo deteriora instituciones. Y cuando una práctica ilegal se vuelve parte del costo esperado de hacer trámites, el problema deja de estar solamente en quien paga o en quien cobra. El problema está en un sistema que permite que el acceso a derechos, servicios y obligaciones públicas se encarezca por fuera de la ley.
