Las tradiciones forman parte de aquello que nos permite saber quiénes somos, de dónde venimos y qué elementos queremos transmitir a las siguientes generaciones. Una fiesta, una danza, una receta familiar, una lengua, una forma de vestir, una ceremonia, una costumbre o una manera de organizarse en comunidad pueden parecer simplemente expresiones de la vida cotidiana. Sin embargo, en México, la conservación y transmisión de la cultura tienen también una importante dimensión jurídica.
Hablar del derecho a tener tradiciones significa hablar del derecho de las personas y comunidades a construir, conservar, practicar, transmitir y transformar su identidad cultural. Este derecho adquiere especial importancia en México, un país cuya Constitución reconoce expresamente su carácter pluricultural y multiétnico.
Aunque la Constitución no utiliza literalmente la expresión “derecho a tener tradiciones”, este derecho puede derivarse de diversas disposiciones relacionadas con la cultura, la identidad, la libertad, la igualdad y la no discriminación.
El artículo 1º constitucional reconoce los derechos humanos y prohíbe toda discriminación que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Entre las causas de discriminación expresamente señaladas se encuentra el origen étnico o nacional.
Esto tiene una consecuencia importante: una persona no debe ser discriminada por la cultura a la que pertenece, por sus costumbres o por las tradiciones que forman parte de su identidad, siempre que su ejercicio respete los derechos humanos.
Por otra parte, el artículo 4º constitucional reconoce el derecho de toda persona al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en esta materia. Este derecho se desarrolla en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que reconoce la importancia de la participación de las personas en la vida cultural.
Por ello, el derecho a la cultura no significa únicamente poder visitar un museo, asistir a un concierto o tener acceso a una biblioteca. También implica poder participar en la vida cultural y conservar elementos que forman parte de la propia identidad.
Una tradición es mucho más que una actividad que se repite cada año. Las tradiciones transmiten conocimientos, valores, símbolos, historias y formas de relacionarse con otras personas y con el entorno. Por ello tienen una estrecha relación con la identidad.
Pensemos en una comunidad que realiza anualmente una celebración tradicional. Para una persona externa puede parecer simplemente una fiesta. Para quienes pertenecen a esa comunidad puede representar la memoria de sus antepasados, la unión comunitaria y una forma de enseñar a las nuevas generaciones quiénes son y de dónde provienen.
La legislación mexicana reconoce que el patrimonio cultural no se limita a monumentos, edificios u objetos antiguos. También puede estar constituido por expresiones culturales inmateriales, como tradiciones, conocimientos, ceremonias, fiestas, gastronomía, vestimenta y otras manifestaciones de la vida comunitaria.
Esto es fundamental porque significa que una tradición viva también puede tener relevancia jurídica.
La protección jurídica es particularmente importante cuando hablamos de los pueblos y comunidades indígenas.
El artículo 2º constitucional reconoce que México tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. También reconoce su derecho a la libre determinación y autonomía.
Esto significa que el Estado no solamente permite que existan diferentes culturas: la Constitución reconoce y protege su existencia.
El artículo 2º reconoce diversos derechos relacionados con la organización social, económica, política y cultural de los pueblos indígenas, dentro del marco constitucional y respetando los derechos humanos.
También establece obligaciones para proteger su patrimonio cultural, su propiedad intelectual colectiva, sus conocimientos y sus expresiones culturales tradicionales.
Aquí aparece una diferencia importante entre una costumbre individual y una expresión cultural colectiva. Una persona puede tener derecho a conservar una tradición familiar; pero una comunidad también puede tener derechos sobre expresiones culturales que pertenecen a su patrimonio colectivo.
Por ello, proteger una tradición también puede significar proteger a quienes la crean y conservan frente a su explotación indebida.
Durante mucho tiempo, algunas expresiones indígenas fueron consideradas únicamente como folclor o como elementos pintorescos de la cultura mexicana.
El derecho contemporáneo plantea una visión distinta.
Una lengua, una ceremonia, un conocimiento tradicional, una técnica artesanal, una forma de vestir o una expresión artística pueden ser elementos fundamentales de la identidad de una comunidad.
La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas establece mecanismos para proteger su patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales.
Esto es especialmente relevante cuando personas o empresas utilizan diseños, conocimientos o expresiones tradicionales para obtener beneficios económicos sin reconocer a las comunidades de origen.
La protección jurídica busca que las comunidades puedan preservar, proteger, controlar y desarrollar sus propias expresiones culturales.
El derecho a conservar una tradición no es absoluto. Que una práctica sea antigua no significa automáticamente que sea legal. Tampoco puede justificarse una violación de derechos humanos diciendo simplemente: “así lo hemos hecho siempre”.
La Constitución establece límites claros. En el caso de los pueblos indígenas, el ejercicio de sus sistemas normativos y de su autonomía debe desarrollarse dentro del marco constitucional y respetando los derechos humanos, particularmente la dignidad e integridad de las mujeres.
De esta manera, puede establecerse una regla sencilla:
La tradición merece protección por ser una expresión cultural, pero no obtiene inmunidad jurídica por el simple hecho de ser tradición.
Una comunidad puede conservar una celebración, una danza, una ceremonia o una forma tradicional de organización. Sin embargo, una práctica que implique violencia, discriminación o una afectación grave de derechos fundamentales puede ser limitada por el Estado.
La antigüedad de una costumbre no la coloca por encima de la Constitución.
El derecho a conservar tradiciones también está relacionado con la libertad individual.
En una sociedad plural no todas las personas tienen que vivir de la misma manera. Algunas conservarán tradiciones familiares; otras, religiosas; otras, indígenas, regionales o comunitarias.
La diversidad cultural implica aceptar que existen diferentes maneras legítimas de entender la vida.
Por ello, proteger las tradiciones también ayuda a combatir la discriminación. El problema aparece cuando se considera que solamente existe una manera “correcta” de hablar, vestir, celebrar o vivir.
El pluralismo cultural parte de una idea diferente: ser diferentes no significa tener menos derechos.
La legislación mexicana reconoce principios como la igualdad entre las culturas, la no discriminación, la libre determinación y el respeto a la diversidad cultural.
El Estado tiene responsabilidades que van más allá de simplemente no interferir.
Cuando una tradición constituye patrimonio cultural, las autoridades pueden tener obligaciones de protección, preservación, promoción y difusión.
La Ley General de Cultura y Derechos Culturales establece bases para la coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales en materia cultural.
Sin embargo, proteger una tradición no significa que el Estado pueda apropiarse de ella ni decidir unilateralmente cómo debe practicarse.
La protección cultural debe procurar que las propias personas y comunidades participen en las decisiones que afectan sus expresiones culturales.
Proteger una tradición no significa necesariamente conservarla exactamente igual para siempre.
Las culturas cambian. Las nuevas generaciones reinterpretan sus costumbres, incorporan nuevos elementos, modifican celebraciones y, en algunos casos, abandonan determinadas prácticas.
Una tradición puede transformarse sin dejar de ser una tradición. Esto es especialmente importante para las nuevas generaciones. Una persona indígena, por ejemplo, no debería estar obligada a vivir exactamente como vivieron sus antepasados para demostrar que pertenece a determinada cultura.
La identidad cultural puede conservar elementos tradicionales y, al mismo tiempo, incorporar nuevas formas de expresión.
La cultura es memoria, pero también es creación. Las tradiciones también tienen una dimensión intergeneracional.
Cuando una familia enseña a sus hijos una receta, una historia o una celebración, está transmitiendo un conocimiento recibido de generaciones anteriores.
Lo mismo ocurre cuando una comunidad transmite una lengua, una danza, una ceremonia o un conocimiento tradicional.
Por ello, el derecho a la cultura mira simultáneamente hacia el pasado, el presente y el futuro: permite conservar la memoria, practicar la cultura y transmitirla a las nuevas generaciones.
En México, tener tradiciones es mucho más que conservar costumbres antiguas. Forma parte del derecho a la cultura, de la identidad y de la diversidad que caracteriza a la sociedad mexicana.
La Constitución reconoce que México es una nación pluricultural y multiétnica y establece una protección particularmente importante para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La legislación secundaria protege, además, el patrimonio cultural material e inmaterial y las expresiones culturales tradicionales.
Pero existe un principio fundamental: ninguna tradición está por encima de los derechos humanos.
Proteger la cultura no significa permitir abusos; pero proteger los derechos humanos tampoco debe convertirse en un pretexto para despreciar o eliminar una cultura.
El verdadero reto consiste en permitir que distintas culturas puedan existir, desarrollarse y transformarse en condiciones de igualdad y respeto.
Una tradición no necesita permanecer idéntica para seguir siendo tradición. Tiene que poder ser transmitida, practicada, reinterpretada y transformada por las personas y comunidades que le dan significado.
En ese sentido, el derecho a tener tradiciones no significa obligarnos a vivir como vivieron nuestros antepasados. Significa garantizar que podamos conservar aquello que nos da identidad, transmitirlo a quienes vienen después y decidir libremente cómo queremos mantenerlo vivo, siempre dentro del respeto a la dignidad y a los derechos humanos.
