La reforma constitucional impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por la presidenta Claudia Sheimbaum el 20 de diciembre de 2024, estableció la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y de los organismos garantes de las entidades federativas. Con esta modificación, sus atribuciones se distribuyeron entre distintas instituciones, lo que transformó el modelo encargado de garantizar ambos derechos. La desaparición de estos organismos implica reorganización de funciones, recursos y procedimientos que anteriormente estaban concentrados en instituciones especializadas.
En el ámbito federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno asumió atribuciones del INAI, mientras que Transparencia para el Pueblo, órgano desconcentrado de esa dependencia, quedó a cargo de garantizar el acceso a la información de la Administración Pública Federal. Para los poderes Legislativo y Judicial, así como para los órganos constitucionales autónomos, la reforma distribuyó las funciones entre sus respectivas instancias de control y vigilancia. En las entidades federativas, las atribuciones de los organismos garantes pasaron a las contralorías u órganos equivalentes de los poderes públicos y demás sujetos obligados, conforme a las disposiciones locales. De esta manera, el modelo dejó de concentrar la vigilancia de la transparencia en organismos autónomos especializados y trasladó esas responsabilidades a distintas autoridades.
El Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025, publicado por el INEGI el 28 de octubre de 2026, presenta información para dimensionar esta transformación. Aunque los datos corresponden a 2024, el levantamiento fue entre octubre de 2025 y marzo de 2026, durante el proceso de transición institucional. En este periodo, 13 entidades iniciaron la transición de manera previa al levantamiento; 13 durante la captación y seis mantuvieron sus organismos. Esta diferencia muestra que la reorganización no ocurrió de manera simultánea en el país.
Al cierre de 2024, los organismos garantes contaban con 361 unidades administrativas y 2,274 personas servidoras públicas, de las cuales 51.7 % eran mujeres. Ese año ejercieron un presupuesto de 1,506.6 millones de pesos, con el Estado de México y Veracruz concentrando 16.0 y 12.9 % del total, respectivamente. Estas cifras permiten identificar parte de los recursos humanos, financieros y administrativos i9incolucrados en la trasformación. El traslado de atribuciones requiere determinar qué instituciones asumirían las funciones, con qué personal y bajo cuáles procedimientos.
Una de las principales implicaciones está en la continuidad de la atención ciudadana. Durante 2024, los organismos garantes recibieron 12,488 solicitudes de acceso a la información en su calidad de sujetos obligados y respondieron 12,437. Al cierre del año registraron 147 solicitudes pendientes de concluir, 58.1 % superior a la reportada en 2022. Aunque estas cifras no son la totalidad de solicitudes de información en el país, ayudan a dimensionar una parte de los procedimientos administrativos cuya continuidad debe estar garantizada durante la transición.
La reorganización también comprende los mecanismos de decisión y supervisión. En 2024, 29 organismos garantes contaban con un comité de transparencia, los cuales emitieron 1,325 resoluciones durante el año. Por otra parte, únicamente 13 entidades tenían constituido un consejo consultivo, mientras que en una estaba en proceso de integración y en 16 no lo habían establecido. Estos datos reflejan diferencias en la estructura instruccional que existía antes de la reforma, particularmente en los mecanismos de participación ciudadana y organización interna.
La información del Censo destaca algunas precisiones. Los resultados de 2024 no incluyen datos de Baja California y Zacatecas, debido al cierre de sus organismos y a la conformación de nuevas autoridades. Además, las variaciones respecto a 2024 no solo fueron debido a la reforma constitucional, pues son de un momento anterior a su implementación. En consecuencia, los datos dan referencia sobre las capacidades institucionales previas, pero todavía no permiten evaluar el funcionamiento de las autoridades que recibieron las atribuciones.
La reforma mantuvo los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, pero modificó las instituciones responsables de garantizarlos. Su implementación requiere la continuidad de los procedimientos, establecer responsabilidades claras y mantener capacidades suficientes para atender las solicitudes y resolver las inconformidades ciudadanas. La existencia de nuevas autoridades constituye cambios normativos y administrativos; su capacidad para garantizar estos derechos deberá examinarse a partir de su funcionamiento.
