La Feria Nacional de San Marcos (FNSM), celebrada anualmente en el estado de Aguascalientes, constituye no solo una de las festividades más importantes del país en términos culturales y económicos, sino también un fenómeno jurídico de gran relevancia. Su complejidad como evento masivo, su arraigo histórico y su diversidad de actividades la convierten en un espacio privilegiado para analizar la interacción entre tradiciones culturales y el sistema de protección de los derechos humanos en México.
Desde una perspectiva jurídica, la FNSM puede entenderse como un escenario donde convergen múltiples derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, en particular aquellos relacionados con la cultura, la libertad, la igualdad, la seguridad y el desarrollo económico.
1. Derecho a la cultura y a la identidad cultural
Uno de los principales ejes jurídicos de la Feria Nacional de San Marcos es su vinculación con el derecho a la cultura, reconocido en el artículo 4º constitucional, así como en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho implica que toda persona puede acceder, participar y disfrutar de las manifestaciones culturales que forman parte de su identidad.
La FNSM, con casi dos siglos de historia, constituye una expresión viva del patrimonio cultural inmaterial de Aguascalientes. Actividades como las charreadas, la música regional, los desfiles y la coronación de la reina no solo representan tradiciones, sino también mecanismos de transmisión intergeneracional de valores, costumbres y símbolos identitarios.
En este sentido, el Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar estas expresiones culturales, siempre que su ejercicio no contravenga otros derechos fundamentales. La feria, por tanto, se erige como un espacio legítimo de ejercicio del derecho a la cultura, pero también como un ámbito donde deben ponderarse posibles tensiones con otros derechos.
2. Libertad de reunión, expresión y esparcimiento
La FNSM también materializa derechos fundamentales como la libertad de reunión y la libertad de expresión, consagrados en los artículos 6º y 9º de la Constitución mexicana. La posibilidad de congregar a millones de personas en un espacio público para celebrar, manifestarse culturalmente y participar en actividades recreativas constituye una expresión clara de estos derechos.
Asimismo, el derecho al esparcimiento, reconocido como parte del derecho al descanso y al tiempo libre en el marco del derecho internacional, encuentra en la feria una de sus manifestaciones más evidentes. La diversidad de actividades —conciertos, exposiciones, espectáculos— permite que distintos sectores de la población accedan a formas de recreación y desarrollo personal.
No obstante, el ejercicio de estos derechos implica también la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, orden público y protección civil, evitando que la masividad del evento derive en riesgos para los asistentes.
3. Derecho a la igualdad y no discriminación
El principio de igualdad y no discriminación, establecido en el artículo 1º constitucional, adquiere especial relevancia en el contexto de la FNSM. Como evento público de gran escala, la feria debe garantizar el acceso equitativo a sus actividades, evitando prácticas discriminatorias por razones de género, edad, discapacidad, origen étnico o condición socioeconómica.
En este sentido, las autoridades organizadoras tienen la obligación de implementar medidas de accesibilidad, inclusión y perspectiva de género. Esto incluye, por ejemplo, la adecuación de espacios para personas con discapacidad, la prevención de violencia de género y la promoción de entornos seguros para todas las personas.
La feria, como espacio de convivencia social, debe ser un reflejo de los principios democráticos y de inclusión que rigen el orden jurídico mexicano.
4. Derecho a la seguridad y a la integridad personal
Dada la magnitud de la FNSM, el derecho a la seguridad personal se convierte en un eje central de su regulación. El Estado, a través de sus distintos niveles de gobierno, tiene la obligación de garantizar la integridad física y patrimonial de los asistentes.
Esto implica la implementación de operativos de seguridad, servicios de emergencia, regulación del consumo de alcohol, control de aforos y medidas de protección civil. La omisión o deficiencia en estas acciones podría derivar en responsabilidad estatal por violaciones a derechos humanos.
Asimismo, la prevención de delitos y la atención a víctimas deben formar parte integral de la estrategia de seguridad durante la feria, en concordancia con los estándares establecidos por organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
5. Derechos económicos y desarrollo regional
La Feria Nacional de San Marcos también incide en el ámbito de los derechos económicos, particularmente en lo que respecta al derecho al trabajo y al desarrollo. La derrama económica generada por el evento beneficia a diversos sectores, desde grandes empresas hasta pequeños comerciantes y productores locales.
El derecho al trabajo digno, reconocido en el artículo 123 constitucional, se ve reflejado en la generación de empleos temporales durante la feria. Sin embargo, esto también implica la necesidad de garantizar condiciones laborales justas, evitando prácticas como la informalidad excesiva o la explotación laboral.
Además, la feria funciona como una plataforma para la promoción de productos locales, lo que contribuye al fortalecimiento de la economía regional y al ejercicio del derecho al desarrollo.
Uno de los aspectos más complejos desde el punto de vista jurídico es la tensión entre ciertas tradiciones de la FNSM y los estándares contemporáneos de derechos humanos. Actividades como la tauromaquia y las peleas de gallos han sido objeto de debate en torno al bienestar animal.
Aunque estas prácticas están protegidas en algunos contextos como expresiones culturales, también enfrentan cuestionamientos desde una perspectiva ética y jurídica, especialmente a la luz de avances en materia de derechos de los animales y legislación ambiental.
Este conflicto plantea la necesidad de un análisis de ponderación de derechos, en el que se evalúe el alcance del derecho a la cultura frente a otros valores jurídicos emergentes. La evolución del marco normativo en esta materia será determinante para el futuro de estas prácticas dentro de la feria.
En el contexto actual, la FNSM enfrenta nuevos retos relacionados con la sostenibilidad, la digitalización y la resiliencia ante crisis como la pandemia de COVID-19. Estos desafíos implican la incorporación de nuevas regulaciones y políticas públicas orientadas a garantizar un desarrollo sostenible del evento.
El derecho a un medio ambiente sano, reconocido en el artículo 4º constitucional, exige que la feria adopte medidas para reducir su impacto ambiental, como la gestión adecuada de residuos y el uso eficiente de recursos.
Por otro lado, la experiencia de la pandemia evidenció la necesidad de contar con marcos jurídicos flexibles que permitan la suspensión o adaptación de eventos masivos en situaciones de emergencia, protegiendo así el derecho a la salud.
La Feria Nacional de San Marcos representa un caso paradigmático de cómo una tradición cultural puede interactuar con el sistema de derechos humanos en un Estado constitucional. Lejos de ser un simple evento festivo, la FNSM es un espacio donde se ejercen, se garantizan y, en ocasiones, se tensionan diversos derechos fundamentales.
Su permanencia y relevancia dependen, en gran medida, de la capacidad del Estado y de la sociedad para armonizar la tradición con los principios contemporáneos de derechos humanos. En este sentido, la feria no solo es un símbolo de identidad cultural, sino también un laboratorio jurídico donde se pone a prueba la eficacia del marco normativo mexicano.
Así, la Feria Nacional de San Marcos continúa siendo no solo una celebración emblemática, sino también un reflejo dinámico de la evolución del derecho y de la sociedad en México.
