La entrada masiva de personas procedentes de Marruecos hacia Ceuta puede provocar alarma, indignación e incluso una legítima sensación de vulnerabilidad entre quienes viven en la ciudad. Sin embargo, desde el Derecho internacional, calificar automáticamente estos hechos como una “invasión marroquí” sería jurídicamente impreciso. Una invasión implica, en términos generales, una acción atribuible a un Estado que supone el ingreso de sus fuerzas o agentes en territorio de otro Estado con una finalidad que puede comprometer su soberanía o integridad territorial.
Eso no significa que lo sucedido carezca de gravedad. Significa algo mucho más importante: debemos llamar a las cosas por su nombre para poder exigir responsabilidades con fundamento jurídico.
Lo que estamos viendo es una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos en territorio español, en una frontera particularmente sensible y con consecuencias que exceden con mucho el fenómeno migratorio. La pregunta fundamental ya no es únicamente cuántas personas han cruzado. La pregunta es qué responsabilidad corresponde a Marruecos, qué obligaciones tiene España y, sobre todo, hasta dónde puede llegar un Estado en la protección de sus fronteras sin vulnerar los derechos fundamentales.
Porque una frontera no es solamente una línea sobre un mapa. Es el límite físico de la soberanía de un Estado.
En ocasiones parece que afirmar que España debe controlar su frontera constituye una postura incompatible con los derechos humanos. No lo es.
España es un Estado soberano. Tiene derecho a decidir quién entra en su territorio y bajo qué condiciones. Tiene la obligación de proteger a quienes viven dentro de él y debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y residentes.
Ceuta es territorio español. Su condición geográfica —situada en el norte de África y rodeada territorialmente por Marruecos— no disminuye un solo milímetro su condición jurídica. Además, es una frontera exterior de la Unión Europea.
Por eso, pretender que España simplemente abra sus fronteras ante una entrada masiva no es una exigencia derivada de los derechos humanos. El Derecho internacional no establece que los Estados deban renunciar a controlar sus fronteras. Lo que exige es que ese control se ejerza dentro de la ley.
Y aquí está el punto esencial: un Estado de Derecho no deja de ser Estado de Derecho cuando se encuentra bajo presión.
España puede y debe controlar su frontera. Puede impedir entradas irregulares. Puede establecer procedimientos de retorno cuando estos sean jurídicamente procedentes. Puede adoptar medidas para proteger a su población y puede solicitar cooperación europea e internacional. Pero no puede hacerlo desconociendo la dignidad de las personas que llegan.
Existe una peligrosa simplificación del debate migratorio: presentar la protección de los migrantes y la protección de los ciudadanos españoles como si fueran derechos incompatibles. No lo son.
La persona que cruza irregularmente una frontera no deja de ser titular de derechos humanos. Su situación administrativa puede ser irregular, pero su dignidad no es irregular.
Tiene derecho a la vida, a la integridad física, a no sufrir tratos inhumanos o degradantes y, cuando corresponda, a solicitar protección internacional.
España debe respetar el principio de no devolución cuando una persona pueda enfrentar persecución o graves violaciones de sus derechos fundamentales. También debe evitar expulsiones colectivas y garantizar los procedimientos individualizados que exige el Derecho europeo.
Pero aquí debemos decir también lo que con frecuencia se omite: los ciudadanos españoles y quienes viven legalmente en España también tienen derechos humanos.
Los habitantes de Ceuta tienen derecho a vivir seguros. Tienen derecho a que sus servicios públicos funcionen. Tienen derecho a que hospitales, escuelas, transporte y servicios sociales no colapsen. Tienen derecho a la integridad personal, a la propiedad, a la libertad de circulación y a que el Estado ejerza efectivamente sus funciones.
El reconocimiento de los derechos de quien llega no puede significar la invisibilización de los derechos de quien ya está.
La solidaridad no puede construirse a costa de la indefensión.
Una cosa es que miles de personas procedentes de Marruecos hayan cruzado una frontera y otra muy diferente es que pueda atribuirse jurídicamente esa conducta al Estado marroquí.
Para responsabilizar internacionalmente a Marruecos no basta con señalar la nacionalidad de quienes ingresan en Ceuta. Tendría que acreditarse una conducta estatal.
Pero si existiera evidencia de que las autoridades marroquíes permitieron deliberadamente, facilitaron u organizaron el desplazamiento masivo de personas hacia territorio español con la intención de presionar políticamente a España, entonces estaríamos ante un escenario radicalmente distinto.
La migración dejaría de ser solamente un fenómeno humanitario para convertirse también en una cuestión de relaciones internacionales.
Y eso es particularmente grave. Porque utilizar personas como instrumento de presión diplomática significaría convertir seres humanos en herramientas de negociación entre Estados.
La comunidad internacional debería observar con enorme atención cualquier evidencia de este tipo.
No porque España tenga derecho a cerrar los ojos ante quienes llegan, sino precisamente porque los derechos humanos no deberían ser utilizados como armas geopolíticas.
Existe otro riesgo que debemos evitar.
Cuando un Estado percibe una amenaza sobre sus fronteras, puede aparecer la tentación de responder con medidas extraordinarias: devoluciones inmediatas, utilización desproporcionada de la fuerza, restricciones indiscriminadas o suspensión práctica de garantías.
Ese camino también es peligroso. La soberanía no es una licencia para violar derechos humanos. España tiene que demostrar que puede ser firme sin ser arbitraria. Debe proteger sus fronteras sin convertirlas en espacios donde deje de aplicarse el Derecho.
Y esa diferencia es fundamental.
Un Estado fuerte no es aquel que puede hacer cualquier cosa para impedir una entrada. Es aquel que puede controlar su frontera sin abandonar sus principios jurídicos precisamente cuando más difícil resulta respetarlos.
Ceuta no debería ser considerada exclusivamente un problema español.
La frontera de Ceuta es también una frontera exterior de la Unión Europea. Y si la Unión Europea pretende tener una política común de migración, seguridad y fronteras, no puede exigir a España que soporte en solitario las consecuencias de su posición geográfica.
Europa no puede reclamar fronteras exteriores eficaces y después dejar solos a los Estados que las protegen. La responsabilidad debe ser compartida.
España necesita cooperación europea para la vigilancia fronteriza, mecanismos eficaces de retorno, políticas de asilo funcionales, apoyo económico a las ciudades fronterizas y cooperación con los países de origen y tránsito.
Pero también necesita algo más difícil: que Europa abandone la falsa dicotomía entre humanidad y control fronterizo. Una frontera segura y un sistema de protección internacional digno no son conceptos incompatibles. De hecho, uno necesita del otro.
Sin control fronterizo, el Estado pierde capacidad para gestionar ordenadamente la migración. Sin garantías humanitarias, el control fronterizo puede convertirse en abuso.
No todo migrante es una amenaza; no toda frontera abierta es solidaridad
En este debate hacen falta matices, pues si una persona que llega irregularmente no debe ser convertida automáticamente en delincuente, amenaza o enemigo, pero tampoco puede sostenerse que toda entrada irregular deba ser aceptada como un hecho consumado en nombre de la solidaridad.
La política migratoria necesita reglas, y las reglas necesitan ser aplicadas.
Si España determina que una persona tiene derecho a protección internacional, debe protegerla. Si es menor, deben activarse las garantías correspondientes. Si existe riesgo de persecución, debe respetarse el principio de no devolución.
Pero si después de un procedimiento legal se determina que una persona no tiene derecho a permanecer en territorio español, el Estado también debe poder ejecutar la decisión correspondiente.
De lo contrario, no existiría realmente una política migratoria: existiría únicamente una política de hechos consumados.
Hay algo todavía más preocupante, las ciudades fronterizas pueden convertirse en piezas de ajedrez en conflictos que no provocaron.
Ceuta no debe ser utilizada como moneda de cambio entre Madrid y Rabat, y sus habitantes tampoco deberían ser obligados a elegir entre sentirse seguros y ser solidarios.
Y las personas migrantes no deberían ser utilizadas como instrumentos de presión política. Si se demuestra que un Estado instrumentaliza deliberadamente los movimientos migratorios para presionar a otro, la respuesta internacional debe ser firme. Pero debe ser una respuesta jurídica y diplomática, no una reacción impulsiva.
España tiene herramientas.
- Tiene el Derecho internacional.
- Tiene el Derecho de la Unión Europea.
- Tiene relaciones diplomáticas.
- Tiene mecanismos de cooperación.
- Y tiene algo que no puede permitirse perder: la legitimidad derivada de actuar conforme a la ley.
Defender Ceuta no significa odiar a Marruecos, tampoco significa despreciar al migrante, exigir una política migratoria ordenada no significa renunciar a los derechos humanos, y proteger los derechos humanos no significa pedirle a España que renuncie a proteger a sus ciudadanos. Estas falsas equivalencias han empobrecido el debate.
La discusión verdaderamente importante es otra: ¿Puede España proteger sus fronteras, garantizar la seguridad de quienes viven en ellas y, al mismo tiempo, respetar escrupulosamente los derechos fundamentales de quienes intentan cruzarlas? La respuesta debe ser sí. Porque si la única manera de proteger una frontera fuera vulnerar los derechos humanos, entonces el problema no estaría solamente en quienes intentan cruzarla, sino también en el modelo de Estado que hemos construido.
Pero también debemos aceptar la conclusión inversa: si para proteger los derechos de quienes llegan exigimos que el Estado renuncie a controlar sus fronteras, entonces estamos negando una función esencial de la soberanía.
El Derecho internacional no obliga a escoger, obliga a equilibrar.
Ceuta representa una de las pruebas más difíciles para cualquier democracia: demostrar que puede ser firme sin ser cruel y humanitaria sin ser ingenua.
España tiene derecho a defender su territorio, a controlar sus fronteras, a exigir que Marruecos cumpla sus obligaciones internacionales, a solicitar solidaridad de la Unión Europea; así como la obligación de proteger a las personas que viven en Ceuta y en el resto de España.
Pero también tiene obligaciones frente a las personas que llegan.
No puede devolver a alguien hacia un lugar donde corre peligro de persecución o sufrir graves violaciones de derechos humanos. No puede utilizar la fuerza indiscriminadamente. No puede expulsar colectivamente. No puede transformar una situación migratoria en una justificación para despojar de dignidad a seres humanos.
La frontera, por tanto, no debe convertirse ni en una puerta abierta sin control ni en una zona donde desaparezcan los derechos. Debe ser un espacio donde se cumpla la ley.
Y quizá esa sea la postura más difícil de sostener en tiempos de polarización: defender simultáneamente la soberanía y los derechos humanos; defender a quien llega y a quien ya está; defender a los migrantes y defender a los españoles.
Porque los derechos humanos no pertenecen exclusivamente a quien cruza una frontera, también pertenecen a quien vive detrás de ella; y un Estado democrático tiene la obligación de proteger a ambos.
