En los últimos meses, el tema de las personas desaparecidas ha ocupado un lugar central en el debate público. Lamentablemente, también se ha convertido en un instrumento de confrontación política. Dependiendo del lado desde el que se mire, las cifras se utilizan para presumir supuestos logros o para señalar fracasos. En esa disputa, con demasiada frecuencia se deja de lado lo verdaderamente importante: el dolor de miles de familias y la ausencia de quienes aún no regresan a casa.
La principal fuente de información sobre este fenómeno es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), coordinado por la Comisión Nacional de Búsqueda. El INEGI complementa su análisis mediante la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y los Censos Nacionales de Gobierno, Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que permiten comprender el contexto institucional y social en el que ocurre este fenómeno.
La legislación mexicana distingue situaciones que con frecuencia se confunden. Una persona desaparecida es aquella cuyo paradero se desconoce y respecto de la cual existen indicios de que su ausencia está relacionada con la comisión de un delito. En cambio, una persona no localizada es aquella cuyo paradero también se desconoce, pero de manera inicial no existen elementos que permitan presumir la comisión de un delito.
Asimismo, la ley reconoce dos delitos específicos. La desaparición forzada ocurre cuando un servidor público, o un particular con la autorización, apoyo o aquiescencia de una autoridad, priva de la libertad a una persona y posteriormente oculta información sobre su destino o paradero. La desaparición cometida por particulares ocurre cuando una persona priva de la libertad a otra con la finalidad de ocultarla o impedir que se conozca su destino.
También conviene recordar que no toda ausencia reportada termina siendo una desaparición relacionada con un delito. Algunas personas son localizadas posteriormente y se determina que se ausentaron de manera voluntaria, migraron, sufrieron un accidente, perdieron contacto con sus familiares o atravesaban una crisis personal. Sin embargo, la ley es clara: la búsqueda debe iniciar de inmediato. Ya no existe fundamento para esperar 24, 48 o 72 horas. Ante una denuncia, la prioridad debe ser buscar, no especular sobre las causas.
México tampoco cuenta con una clasificación nacional que permita atribuir una causa plenamente comprobada a cada desaparición. El RNPDNO registra personas, fechas, lugares y condiciones de localización, pero en muchos casos la investigación aún no ha determinado qué ocurrió.
Las desapariciones pueden estar relacionadas con la delincuencia organizada, disputas territoriales, reclutamiento forzado por grupos criminales, secuestro, trata de personas, explotación laboral o sexual, homicidio con ocultamiento de cuerpos, violencia contra las mujeres, violencia familiar, feminicidio, sustracción de niñas, niños y adolescentes, así como con la participación, tolerancia u omisión de autoridades. También existen casos asociados a procesos migratorios, accidentes, problemas de salud mental, ausencias voluntarias o pérdida de contacto. Por ello, afirmar que una sola causa explica la mayoría de las desapariciones sería simplificar un fenómeno mucho más complejo.
Con corte al 13 de noviembre de 2024, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas acumulaba 337,486 personas reportadas históricamente como desaparecidas o no localizadas. De ellas, 219,585 habían sido localizadas, lo que representa 65.1 % del total. Entre las personas localizadas, 202,653 fueron encontradas con vida y 16,932 sin vida. En contraste, 117,901 personas (34.9 %) permanecían desaparecidas o no localizadas.
En otras palabras, seis de cada diez personas registradas históricamente fueron localizadas con vida; cinco de cada cien fueron encontradas sin vida y poco más de un tercio continuaba desaparecido o no localizado.
Pero las cifras, por sí solas, no cuentan toda la historia. No explican la angustia de una madre que lleva años buscando a su hijo, el vacío de una familia que vive entre la esperanza y la incertidumbre, ni el desgaste emocional y económico que implica una búsqueda permanente. Tampoco muestran que el registro cambia todos los días conforme aparecen personas, se denuncian nuevos casos o se actualizan expedientes. Por ello, una disminución en los registros no necesariamente significa que el fenómeno esté disminuyendo, del mismo modo que comparar gobiernos únicamente por el número absoluto de desapariciones puede conducir a conclusiones equivocadas si no se consideran el crecimiento de la población, la evolución del registro y las mejoras o cambios metodológicos.
Las desapariciones son, sin duda, un problema de seguridad pública, pero también son un desafío para la justicia, los derechos humanos y la confianza ciudadana en las instituciones. Cada persona desaparecida representa una vida interrumpida y una familia que espera respuestas. Cada expediente sin resolver refleja una obligación que el Estado aún tiene pendiente.
Mientras las cifras sigan utilizándose como armas en el debate político, corremos el riesgo de olvidar que detrás de cada número hay un rostro, un nombre y una historia. La verdadera discusión no debería centrarse en quién puede sacar ventaja de los datos, sino en cómo evitar que una familia más tenga que salir a buscar, por sus propios medios, a quien las instituciones todavía no han podido encontrar. Esa debería ser la única cifra que realmente importe: la de las personas que regresan a casa y la de los casos que encuentran verdad, justicia y reparación.
Fuentes: Comisión Nacional de Búsqueda, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO); Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; INEGI, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024; Censos Nacionales de Procuración de Justicia y de Seguridad Pública.
