Durante estas dos semanas hubo mucho ruido. Pero ninguna conversación tuvo tanta fuerza política como el regreso de Next Energy.
El caso se remonta a 2019, cuando el Ayuntamiento de Aguascalientes, entonces encabezado por Teresa Jiménez, celebró un contrato para un proyecto de suministro energético. Desde entonces ha acumulado litigios, denuncias y cuestionamientos. En marzo pasado, un juez mercantil declaró terminado el contrato.
Lo nuevo ocurrió ahora.
A principios de agosto, El País informó que la Fiscalía General de la República imputó a cinco exfuncionarios municipales relacionados con aquella contratación. Teresa Jiménez, cuya firma aparece en el contrato original, no está imputada por la FGR en esta etapa del procedimiento.
El matiz importa.
En la conversación política, especialmente en redes sociales, las diferencias entre estar mencionado, investigado, imputado y ser declarado culpable suelen desaparecer. Hasta ahora tampoco existe una sentencia que establezca responsabilidades penales de los cinco exfuncionarios.
Conviene separar entonces tres cosas: lo que políticamente se afirma, lo que periodísticamente se ha documentado y lo que judicialmente se ha probado.
En tiempos preelectorales, esa distinción resulta todavía más necesaria.
Morena y particularmente la senadora Nora Ruvalcaba han convertido Next Energy en uno de sus principales cuestionamientos al grupo político gobernante. Ruvalcaba lleva años denunciando el caso y exige que las investigaciones determinen responsabilidades y, en su caso, la reparación del daño.
Su señalamiento merece investigarse. Pero su participación en la carrera política hacia 2027 también forma parte del contexto.
Una cosa no elimina la otra: que exista interés político detrás de una denuncia no significa que sea falsa; tampoco convierte automáticamente en culpables a quienes son señalados.
Sin embargo, Next Energy parece reducirse a dos versiones. Para unos, demuestra un enorme acto de corrupción encabezado directamente por Teresa Jiménez. Para otros, es una persecución federal contra un gobierno panista antes de las elecciones.
Ambas conclusiones van adelante de lo que hoy conocemos.
La FGR deberá demostrar sus acusaciones ante los tribunales y los imputados tendrán derecho a defenderse. Si aparecen nuevas responsabilidades, deberán investigarse sin importar partido, cargo o apellido.
El problema es que Aguascalientes ya comenzó a vivir políticamente en 2027. Circulan encuestas, aparecen posibles candidatos y aumentan los posicionamientos. Incluso la gobernadora pidió recientemente a los aspirantes del PAN esperar los tiempos políticos.
Y cada asunto comienza a interpretarse electoralmente.
Si la FGR investiga Next Energy, aparece inmediatamente el enfrentamiento Morena-PAN. Si el gobierno anuncia una inversión, se habla de posicionamiento. Si un alcalde inaugura una obra, algunos ven campaña.
La política corre el riesgo de devorar la discusión sobre la administración pública.
Por eso Next Energy merece escapar, en la medida de lo posible, de esa lógica. El ciudadano no necesita decidir anticipadamente si todo es corrupción o todo es persecución. Necesita respuestas:
¿Cuánto dinero público se comprometió y cuánto se pagó? ¿Qué recibió el municipio? ¿Quién autorizó las decisiones? ¿Existe daño patrimonial? Y, si existe, ¿cómo se recuperará?
Incluso las cantidades difundidas varían dependiendo de si se habla del valor total del contrato, pagos realizados u obligaciones futuras. Antes de repetir cifras espectaculares, habría que explicar exactamente qué representan.
La FGR deberá acreditar sus acusaciones. Los exfuncionarios tienen derecho a defenderse. Morena puede exigir una investigación completa sin convertir una imputación en sentencia. Los medios debemos distinguir hechos de acusaciones.
Y los ciudadanos podemos evitar algo todavía más elemental: elegir primero una camiseta política y después decidir qué hechos queremos creer.
La elección llegará y seguramente escucharemos muchas veces hablar de Next Energy.
Pero después de 2027 seguirá existiendo una pregunta que ninguna campaña debería borrar:
¿Qué pasó realmente con el dinero público?
Esa respuesta importa mucho más que saber quién consiguió convertir el expediente en el mejor spot electoral.
