Instituto Estatal Electoral Aguascalientes
Cinco de los seis integrantes del Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) iniciar un procedimiento para remover a la consejera presidenta, Clara Beatriz Jiménez González. La denuncia fue presentada el 13 de agosto ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y, según lo publicado esta semana, fue promovida por Cindy Karina Barba Macías, Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, Javier Mojarro Rosas, Mariana Eréndira Ramírez Velázquez y Víctor Miguel Dávila Leal; Fidel Moisés Cazarín Caloca fue el único consejero que no se sumó. Los promoventes sostienen que agotaron previamente las vías internas de diálogo y señalan tres posibles causales: afectación a la independencia e imparcialidad por presunta subordinación a terceros, notoria negligencia o descuido en sus funciones y nombramientos o ratificaciones presuntamente ilegales.
El conflicto, sin embargo, tendría antecedentes desde principios de este año. Publicaciones locales señalan desacuerdos dentro del IEE por el manejo administrativo y presupuestal, entre ellos la propuesta de asignar tres bases laborales que, según los inconformes, quedarían a discreción de la Presidencia, así como la compra de 10 computadoras portátiles por alrededor de 190 mil pesos que originalmente no estaban contempladas en el presupuesto de 2026. Jiménez González declaró esta semana que no había recibido una notificación formal sobre el procedimiento y sostuvo que el Instituto continúa trabajando con normalidad; de hecho, el IEE mantiene sus actividades rumbo al proceso electoral y todavía la identifica oficialmente como consejera presidenta.
La solicitud no significa que Clara Beatriz Jiménez haya sido destituida. El asunto se encuentra en manos de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, que deberá investigar los hechos, valorar las pruebas y determinar si existen elementos para que el procedimiento avance; una eventual remoción tendría que ser resuelta por el Consejo General del INE y requeriría una mayoría calificada de ocho de sus 11 integrantes. La controversia surge a pocas semanas del inicio del proceso electoral local 2026-2027 y ya provocó reacciones políticas encontradas, aunque desde el Congreso estatal se ha señalado que el conflicto interno no debería comprometer la organización ni la certeza de las elecciones del próximo año.
