Todavía estamos en 2026, pero la elección de Aguascalientes ya comenzó a adquirir algo mucho más concreto que encuestas, fotografías y aspiraciones: presupuesto.
El Instituto Estatal Electoral aprobó su proyecto de gasto para 2027. Solicitará 284.4 millones de pesos para su operación y la organización del proceso electoral. Adicionalmente, proyectó 138.1 millones de financiamiento público para partidos políticos, campañas y candidaturas independientes.
En conjunto hablamos de aproximadamente 422.5 millones de pesos.
La cifra puede parecer elevada. Pero conviene evitar una conclusión fácil: organizar elecciones cuesta y una democracia necesita instituciones, casillas, personal, materiales, sistemas informáticos, fiscalización y condiciones para competir.
Además, 2027 no será un año ordinario.
Aguascalientes elegirá gubernatura, diputaciones y ayuntamientos, incluido por primera vez el nuevo municipio de Villa Juárez. También habrá voto desde el extranjero y partidos locales recién incorporados a la competencia.
La discusión interesante, por tanto, no debería limitarse a cuánto cuesta la elección. Debería preguntarse qué recibiremos a cambio.
Hay un dato particularmente revelador. En la misma sesión donde aprobó su presupuesto, el IEE emitió lineamientos para impedir la promoción personalizada de servidores públicos, el uso electoral de programas sociales, propaganda gubernamental con fines políticos y la utilización de recursos públicos para generar ventajas en la contienda.
No es casualidad.
La elección todavía no entra formalmente en campaña, pero los partidos ya ordenan sus piezas. Morena tiene definida a Nora Ruvalcaba como su principal figura rumbo a la gubernatura y el PAN comenzó públicamente a hablar de los tiempos para construir propuestas y candidaturas.
Mientras tanto, los gobiernos tienen que seguir gobernando.
Durante esta quincena Claudia Sheinbaum visitó Aguascalientes para presentar resultados y habló de 420 mil beneficiarios de programas federales y alrededor de 9 mil millones de pesos invertidos. El Gobierno estatal inauguró obras, promovió inversiones y difundió indicadores económicos. El Ayuntamiento capitalino presentó resultados de su administración.
Nada de eso constituye por sí mismo campaña.
Una presidenta debe informar. Una gobernadora debe inaugurar obras. Un alcalde debe rendir cuentas.
El problema empieza cuando se vuelve difícil distinguir dónde termina la comunicación institucional y dónde comienza la construcción electoral. Y durante los próximos meses esa frontera será cada vez más delgada.
Por eso el desafío de 2027 no consiste en pedir que los funcionarios desaparezcan de la vida pública mientras llegan las elecciones. Consiste en exigir que cada peso destinado a gobernar siga sirviendo para gobernar y no para promocionar a quien quiere aparecer en la boleta.
También los partidos tendrán algo que demostrar.
Los 138.1 millones proyectados para su financiamiento no son un premio. Son recursos públicos destinados, entre otras cosas, a sus actividades ordinarias y a competir electoralmente.
El ciudadano tiene derecho a exigir entonces algo más que espectaculares, encuestas y campañas negativas: propuestas, información verificable y rendición de cuentas.
Porque quizá la discusión no sea si 422 millones de pesos son muchos o pocos. La pregunta correcta es otra:
¿qué calidad de democracia estamos comprando con ellos?
Si al terminar 2027 tenemos una elección confiable, competencia equitativa, cuentas claras y gobiernos que no utilizaron sus recursos para inclinar la balanza, habrá una respuesta.
Si terminamos discutiendo quién gastó más, quién abusó del cargo o quién convirtió un programa público en propaganda, también.
La campaña todavía no empieza formalmente. Pero la cuenta ya comenzó a correr.
