Me llamó fuertemente la atención escuchar en radio y televisión un llamado institucional a los ciudadanos para cumplir con nuestras obligaciones: pagar impuestos, derechos y servicios. El argumento es sencillo: con esos recursos podemos tener mejores servicios públicos. Pero vale la pena invertir la pregunta: ¿el aumento de los recursos públicos se traduce cada año en una mejor atención de las necesidades ciudadanas?
La Secretaría de Hacienda entregó el pasado 8 de septiembre el Paquete Económico 2027. Dentro de éste, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propone un gasto neto total de 10.636 billones de pesos, frente a los 10.194 billones aprobados para 2026. Son alrededor de 443 mil millones de pesos adicionales en términos nominales.
Es un tema del que escucharemos hablar hasta terminar el año. El Paquete Económico es el conjunto de documentos que contiene la propuesta económica, fiscal, de ingresos y gasto del Gobierno para 2027; el Proyecto de Presupuesto de Egresos es específicamente la propuesta de cómo gastar los recursos públicos. Y todavía es eso: un proyecto que deberá discutir y aprobar la Cámara de Diputados.
La propuesta plantea mayores recursos en áreas como educación, salud, ciencia y seguridad. También mantiene un peso importante de los programas sociales y la inversión física. Hacienda estima que los programas sociales representarán alrededor de 2.6 % del PIB, mientras que para salud se contemplan más de 1.1 billones y para educación alrededor de 1.3 billones de pesos.
Sin embargo, una parte considerable del presupuesto federal no está realmente disponible para que el Gobierno decida libremente qué hacer con ella cada año. Pensiones, servicio de la deuda, participaciones federales y otras obligaciones llegan, por decirlo de alguna manera, con el dinero ya “apartado”.
En 2026, por ejemplo, de los 10.194 billones de pesos aprobados, aproximadamente 7.095 billones correspondieron a gasto programable y 3.099 billones a gasto no programable. Este último incluye obligaciones como las participaciones a entidades federativas y municipios y el costo financiero de la deuda.
¿Y de dónde saldrá el dinero para gastar más? La apuesta del Gobierno es elevar los ingresos tributarios a 15.9 % del PIB, frente al 15.4 % estimado para 2026. Sostiene que podrá hacerlo sin crear nuevos impuestos generales, mediante una mayor fiscalización, el combate a factureras y a la evasión, un mayor control de deducciones y pérdidas fiscales, la ampliación de la base de contribuyentes y el combate al llamado huachicol fiscal.
El planteamiento es gastar más sin crear nuevos impuestos, apoyándose en una mayor recaudación y también en financiamiento. Puede ser fiscalmente viable si las estimaciones de ingresos, crecimiento y recaudación se cumplen. Pero el tamaño del presupuesto también obliga a mirar cuánto cuesta financiarlo: para 2027, el costo financiero de la deuda ronda 1.575 billones de pesos, cerca de 15 % de todo el gasto propuesto.
Y entonces regresamos a la pregunta inicial: ¿qué recibimos los ciudadanos a cambio?
Más presupuesto para salud no garantiza medicamentos; más recursos para educación no garantizan mejores aprendizajes; más dinero para seguridad no garantiza calles más seguras; más inversión pública no garantiza mejores obras, y más programas sociales no garantizan por sí mismos menor desigualdad o mayor movilidad social.
El presupuesto nos dice cuánto pretende gastar el Estado y cuáles son sus prioridades. Los resultados deberían decirnos qué consiguió con ese dinero. Por eso, la discusión no debería limitarse a celebrar cuánto aumenta un presupuesto ni a criticar cuánto cuesta. La pregunta ciudadana es mucho más sencilla: ¿se gastará mejor?
Porque si al ciudadano se le recuerda —correctamente— que cumplir con sus obligaciones fiscales es indispensable para tener mejores servicios, también es válido recordar que la obligación tiene dos partes. Recaudar con eficiencia y combatir la evasión es responsabilidad del Estado; gastar con eficiencia, transparencia y resultados también lo es.
Al final, el presupuesto no es dinero del Gobierno. Es dinero público que proviene, directa o indirectamente, de la sociedad, junto con obligaciones que deberán pagar los contribuyentes presentes y futuros. Cumplir es responsabilidad del ciudadano; demostrar que cada peso valió la pena es responsabilidad del Gobierno.
Fuentes consultadas
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027: Criterios Generales de Política Económica, Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). PPEF 2027, Tomos y Anexos e Información Consolidada de Gasto Programable.
Diario Oficial de la Federación (DOF). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.
