Durante las últimas tres administraciones federales, el sistema público de salud ha sido motivo de constantes debates, promesas y cuestionamientos. Desde las deficiencias que justificaron su transformación hasta el compromiso de alcanzar un sistema comparable con el de Dinamarca, los discursos han contrastado con una realidad que sigue generando inconformidad. Las recientes protestas de trabajadores del IMSS por mejores salarios, condiciones laborales y suministro de medicamentos vuelven a colocar el problema en el centro de la discusión.
Las manifestaciones de octubre de 2026 incluyen exigencias de un incremento salarial superior al aprobado, contratación de personal, mejores condiciones laborales y disponibilidad suficiente de medicamentos e insumos. Son demandas que involucran tanto los derechos de los trabajadores como la calidad de los servicios que reciben millones de pacientes.
Conviene recordar de dónde venimos. Hasta 2018 operaba el Seguro Popular, dirigido a la población sin seguridad social. Aunque amplió los mecanismos de protección financiera, persistían diferencias importantes entre entidades federativas, problemas de financiamiento, insuficiencia de especialistas y dificultades para acceder oportunamente a determinados tratamientos.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018–2024), el Seguro Popular fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que comenzó a operar en 2020. Sin embargo, en 2023 se determinó su extinción y la transferencia de sus funciones principalmente al IMSS-Bienestar. En pocos años, el sistema experimentó dos transformaciones institucionales importantes, mientras los pacientes continuaban necesitando atención médica.
Es necesario reconocer que el Seguro Popular tenía deficiencias reales y que modificarlo no constituía, por sí mismo, una decisión equivocada. El cuestionamiento está en si las nuevas instituciones corrigieron esos problemas y qué consecuencias tuvieron las transiciones para quienes dependían de los servicios públicos.
El cambio de fondo consistió en pasar de un esquema de financiamiento y afiliación a un modelo orientado a integrar la prestación de servicios para personas sin seguridad social. No obstante, al concluir el sexenio persistían dificultades de acceso, desabasto de medicamentos, insuficiencia de especialistas y diferencias entre regiones. También continuaba el gasto que muchas familias debían asumir para recibir atención o adquirir tratamientos. La reorganización institucional había avanzado, pero sus beneficios para los pacientes todavía requerían demostrarse.
Desde octubre de 2024, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha continuado la consolidación del IMSS-Bienestar, con anuncios de ampliación hospitalaria, contratación de personal y nuevas estrategias de adquisición y distribución de medicamentos. Sin embargo, los reclamos actuales muestran que persisten problemas de abastecimiento, condiciones laborales y capacidad de atención que no pueden darse por resueltos mediante anuncios de inversión o infraestructura.
La propia presidenta reconoció en octubre de 2026 que existen demandas legítimas de los trabajadores, así como incumplimientos de proveedores y problemas internos de distribución de medicamentos. Instruyó revisar las carencias directamente en clínicas y hospitales, una medida pertinente cuya efectividad deberá comprobarse con resultados.
En este punto conviene distinguir tres cosas: comprar medicamentos, distribuirlos y entregarlos efectivamente al paciente. No son lo mismo. Un gobierno puede anunciar millones de piezas adquiridas o enviadas a las instituciones, pero eso no demuestra que todas las recetas se surtan completas ni que los tratamientos lleguen oportunamente a quienes los necesitan.
Tampoco sería justo desconocer el trabajo cotidiano de médicos, enfermeras y demás personal sanitario, ni los avances en infraestructura y capacidad de atención. Pero reconocer esos esfuerzos no significa ignorar las deficiencias. Precisamente porque la salud es un derecho, los resultados deben evaluarse con indicadores de acceso, oportunidad, calidad y continuidad de los tratamientos, no únicamente con cifras de inversión o adquisiciones.
Después de tres administraciones, la pregunta no debería limitarse a cuál gobierno construyó más hospitales, cambió más instituciones o compró más medicamentos. La cuestión fundamental es si hoy los mexicanos reciben una atención más oportuna, completa y accesible que antes. Y para responderla hacen falta resultados públicos, verificables y comparables.
Porque para quien espera una cirugía, necesita un especialista o busca un medicamento indispensable, las explicaciones sobre licitaciones, proveedores y reorganizaciones administrativas pueden ser necesarias, pero no sustituyen la atención médica.
El Estado tiene la obligación de administrar correctamente los recursos públicos y garantizar el derecho a la salud. Los pacientes, en cambio, no deberían cargar con las consecuencias de las decisiones administrativas ni verse obligados a manifestarse para conseguir un tratamiento.
Un sistema de salud no puede considerarse exitoso únicamente porque el Gobierno afirma que está mejorando. Debe demostrarlo en la atención cotidiana. Y mientras conseguir una consulta, una cirugía o un medicamento siga siendo una incertidumbre para quienes dependen de los servicios públicos, el derecho a la salud continuará siendo, para muchos mexicanos, una promesa que todavía espera cumplirse.
