El 2 de junio próximo, en el estado de Aguascalientes, se llevarán a cabo elecciones federales y locales. Se renovarán 10 cargos de elección popular federales: 1 presidencia de la república, 3 senadurías, 6 diputaciones. Además se elegirán 136 cargos de elección popular locales: 27 diputaciones locales, 11 presidencias municipales, 12 sindicaturas y 86 regidurías.
Los ciudadanos esperamos, o al menos así supondríamos, que los partidos políticos inviten a personas con cualidades personales como la honradez, la responsabilidad, la eficiencia, la honestidad y la empatía. Además, sería deseable que cuenten con habilidades y capacidades derivadas de su experiencia profesional, permitiéndoles entrar a trabajar directamente en lugar de tener que aprender sobre la marcha. La invitación no debería ser resultado de deudas políticas, amiguismos, negociaciones o imposiciones. Estas características podrían considerarse como lo ideal para ser candidato y representar a los ciudadanos.
Partiendo del concepto del sociólogo Max Weber, un ‘tipo ideal’ es una representación mental o conceptual que describe un estado de hechos lógicamente posible, pero que resulta difícil de encontrar en el mundo real. Un candidato debería ser aquella persona que posea cualidades y características que le permitan desempeñar un trabajo en beneficio y representación de la ciudadanía, y no simplemente formar parte de una agenda política que beneficie únicamente a un partido o candidato.
En México, los cargos de representación popular se obtienen a través de elecciones para integrar las cámaras legislativas o asumir el Poder Ejecutivo. Estos cargos se consiguen inicialmente al postularse como candidato, es decir, una persona que busca ser elegida para ocupar un cargo público en la esfera política. Aunque actualmente existe la figura del candidato independiente, resulta sumamente difícil cumplir con todos los requisitos necesarios, además de enfrentar desafíos económicos considerables para financiar una campaña política, ya sea a nivel local o nacional.
La representación popular, presente en diversos sistemas de gobierno, se fundamenta en la idea política surgida en la doctrina revolucionaria francesa de que es la soberanía nacional la que origina la representación, siendo el pueblo en su totalidad el titular de esta, sin que ningún individuo o grupo pueda atribuirse su ejercicio. Bajo esta premisa, el poder pertenece al pueblo, en contraposición a tiranos, reyes o monarcas, siendo este el único ente capaz de delegarlo para que sea ejercido en su nombre. Inicialmente, los representantes del pueblo expresan la voluntad de la nación a través de la delegación del poder. Esto implica que el propio pueblo, a través de sus elecciones periódicas, se gobierna a sí mismo por un período determinado. El concepto de representación popular está estrechamente asociado y vinculado al de representación política.
Para acceder a la representación popular y al ejercicio del poder, es crucial que los ciudadanos conozcan a los candidatos y sus propuestas para gobernar. Con este fin, los partidos políticos llevan a cabo las denominadas ‘campañas electorales’, que en la actualidad son procesos que implican comunicación, proselitismo, organización, movilización, cortejo y una supuesta defensa del voto por parte de los partidos, los candidatos y sus seguidores, en busca de espacios de representación pública. También se esfuerzan por persuadir a los votantes para evitar que elijan a sus opositores en las elecciones. Es decir, las campañas incluyen una serie de acciones destinadas a atraer votos para su causa y generar rechazo hacia sus adversarios.
Es importante señalar que estas campañas han evolucionado hacia un enfoque de marketing político, gestión de imagen y mensajes superficiales en redes sociales, promoviendo propuestas que a menudo resultan difíciles de realizar una vez en el ejercicio del poder. Por lo que es común el reparto de despensas, dádivas, uso y/o plagio de música y canciones que convierten en propaganda, entre otras estrategias, relegando las propuestas reales, el conocimiento y la experiencia en la administración pública, así como la empatía y comprensión hacia los diferentes grupos y tipos de personas que representan.
Las campañas deberían ser mucho más que un proceso de ataque, seducción y persuasión política. Deberían ser una herramienta para acercar a los candidatos y partidos políticos con la ciudadanía, permitiendo conocer propuestas y a los futuros representantes populares. Regresamos a lo que idealmente debería ser, no obstante, es importante recordar que están en juego los intereses (económicos, políticos y sociales) de aquellos que invierten en los candidatos, de los partidos políticos, de los grupos de poder político, personales y comerciales, y en última instancia, los ciudadanos a quienes se pretende representar.
Es loable el llamado “a servir al pueblo”, como muchos proclaman al buscar convertirse en representantes populares. Quién despreciaría un sueldo mensual bruto de $127,375.3 para el presidente municipal, $95,498 para Regidores y Síndicos, $110,260 para Diputados locales, $130,553.4 para Diputados federales, además de prestaciones como un aguinaldo de $140,504 con un I.S.R del aguinaldo de $69,305, y Senadores con una remuneración mensual neta de $121,72, además de prestaciones como una prima vacacional de $13,100, aguinaldo de $52,686, gratificación de fin de año por $268,940 y un seguro de vida institucional de aproximadamente $22,456. Estos sueldos y beneficios podrían valer la pena si nuestros representantes populares realmente cumplieran con su trabajo y si los ciudadanos obtuviéramos resultados en beneficio de todos.
Desde finales del año pasado, han surgido publicaciones en diversos medios de comunicación y redes sociales sobre representantes populares que muestran un “alto sentido cívico”, acercándose a la gente regalando juguetes, roscas, ropa, entre otros. Por otro lado, hay figuras cuyo supuesto alto servicio al pueblo se evidencia mediante la organización de grandes informes de trabajo, y a través de las redes sociales, presumen su cercanía con políticos de renombre a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo con varias VOCES y testimonios, intentar ser recibidos o tener una reunión con ellos para abordar problemas cotidianos resulta en horas de espera o en la necesidad de agendar y reagendar días, ya que el funcionario está ocupado o se encuentra en una gira de trabajo.
Está en nosotros, como ciudadanos, atribuirnos un alto valor a nuestro tiempo de atención y voto. Esto no implica rechazar los apoyos que se otorgan, los cuales provienen de nuestros impuestos, sino más bien, procurar exigir calidad y experiencia en el perfil de los candidatos. Es necesario buscar propuestas viables, pero sobre todo, demandar calidad en el tiempo y la atención que nos brindan, no solo durante la campaña electoral.
Bibliografía
BERLÍN VALENZUELA, Francisco, Derecho electoral, Porrúa, México, 1980.
